Guatemala enfrenta controversias por la implementación del programa REDD+ del Banco Mundial, destinado a reducir emisiones mediante la conservación forestal.
El gobierno otorgó a la ONG FUNDAECO, dirigida por Marco Vinicio Cerezo Blandón, el control del proyecto en el Parque Nacional Mirador Río Azul, sin licitación ni consulta previa a la Procuraduría General de la Nación, lo que podría violar la Constitución (Art. 64). Se alega que esta “tercerización” permite beneficios económicos privados bajo una fachada ambientalista.
Además, se denuncia una red de intereses entre funcionarios actuales y exfuncionarios vinculados desde los años 90, que favorecen a FUNDAECO en detrimento de propietarios comunitarios.
Expertos advierten que estos actos representan abusos de autoridad y posibles conflictos de interés. La PGN ya declaró el convenio como no viable.
Este caso evidencia cómo la política ambiental puede ser utilizada para facilitar negocios privados con recursos públicos y debilitar la protección del patrimonio natural.
