El presidente Bernardo Arévalo deberá sancionar o vetar el Decreto 7-2025, conocido como la Ley de Fortalecimiento Financiero y Continuidad de Proyectos de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural, que permite agilizar el gasto en los Consejos Departamentales de Desarrollo (Codedes).
La normativa avanzó luego de que el Congreso rechazara nueve objeciones presentadas por diputados oficialistas, quienes advertían sobre posibles vulneraciones al proceso presupuestario y riesgos de corrupción. La ley permitiría aprobar proyectos en tan solo cinco días, sin necesidad de respaldo técnico detallado, lo cual, según los oficialistas, representa una amenaza para la transparencia.
Con 91 votos en contra de las objeciones y solo 36 a favor, el Congreso, dominado por una nueva mayoría opositora, permitió que el decreto siguiera su curso. Ahora pasará por revisión de forma antes de llegar al Ejecutivo. Mientras tanto, Arévalo ha declarado que su equipo aún analiza la propuesta y no ha adoptado una postura definitiva.
Paralelamente, existen denuncias en Guatemala sobre Consejos Comunitarios de Desarrollo (COCODE) que han abusado de su poder para fines personales o ilegales, generando preocupación por el manejo de recursos públicos. Esta situación añade tensión al debate sobre la descentralización y control del gasto público.
