La reciente aprobación, sin mayor análisis técnico, de la Ley de Fortalecimiento Financiero y Continuidad de Proyectos de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural (Decreto 7-2025) ha generado preocupación en diversos sectores por su impacto en la disciplina fiscal y el equilibrio institucional.
La normativa permite que los Consejos Departamentales de Desarrollo (Codedes) trasladen automáticamente al siguiente año los fondos no ejecutados, rompiendo con el principio constitucional de que el presupuesto estatal es anual.
Esta medida contradice lo establecido por la Ley Orgánica del Presupuesto, que obliga a devolver al fondo común los recursos no utilizados al final de cada ejercicio fiscal. Con la nueva ley, esos fondos quedan asegurados para uso futuro sin una temporalidad definida ni los controles adecuados, lo que podría fomentar una ejecución desordenada y poco transparente.
El decreto fue aprobado un día después de que el Ministerio de Finanzas presentara el proyecto de presupuesto 2026, en el cual no se incluían asignaciones extraordinarias para los Codedes. Con esta ley, dichos fondos quedan garantizados, afectando la disponibilidad de caja del Estado y dificultando la gestión presupuestaria del próximo año.
