El 21 de agosto de 2025, Colombia vivió uno de los días más violentos del año. Un atentado con cilindros bomba en Cali, dirigido contra la base aérea Marco Fidel Suárez, dejó 6 civiles muertos y más de 65 heridos.
Horas antes, un helicóptero de la Policía fue derribado en Amalfi, Antioquia, causando la muerte de 12 uniformados. El presidente Gustavo Petro responsabilizó a disidencias de las FARC, en particular al Frente 36 del Estado Mayor Central.
Ambos hechos han desatado duras críticas a la política de “paz total”, que promueve diálogos con grupos armados. Aunque Petro ha defendido esta estrategia destacando una reducción en la tasa nacional de homicidios, la percepción ciudadana de inseguridad va en aumento. Desde la oposición, señalan que el gobierno ha sido ingenuo y permisivo, facilitando el fortalecimiento de estructuras criminales.
La situación adquiere un tono simbólico: pese a haber sido guerrillero del M-19, Petro es ahora blanco de los ataques de grupos ilegales con los que buscó acuerdos. La violencia reciente, incluida el asesinato del senador Miguel Uribe Turbay, ha hecho que la seguridad se convierta en el eje central del debate político de cara a las próximas elecciones presidenciales.
Menos de 24 horas después de uno de los atentados más fuertes de los últimos meses, se registró una detonación cerca de la alcaldía de Florencia, en el departamento de Caquetá.
