Los bloqueos aumentan en el quinto día de protestas por el precio de los combustibles y dominan la agenda nacional. Mientras las carreteras permanecen cerradas, otras decisiones que comprometen al Gobierno quedan en segundo plano.
El 12 de septiembre vence el plazo de tres años para declarar lesiva la adjudicación de la banda 5G a Claro y Tigo en 2023, mientras la SIT mantiene bajo revisión el proceso.
También continúa el análisis legislativo de un fondo de contingencia de Q3,000 millones, mientras la atención se concentra en implementar el subsidio vigente de Q2 mil 500 millones, cuyo inicio fue retrasado por objeciones que se prevé conocer en el pleno del Congreso el 22 de septiembre.
Ante este escenario surge una pregunta: ¿los bloqueos están desviando la atención de decisiones clave que colocan bajo presión al gobierno de Bernardo Arévalo?
No existe evidencia de una estrategia coordinada, pero el impacto mediático sí cambia el foco de la discusión pública.
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