La adjudicación de frecuencias 5G en Guatemala vuelve a estar bajo cuestionamiento cuando se aproxima el 12 de septiembre de 2026, fecha en la que se cumplen tres años del proceso realizado en 2023. La situación genera una pregunta inevitable: ¿por qué el Gobierno esperó hasta el límite de tres años para revisar una adjudicación que ahora considera cuestionable?
La revisión ocurre mientras la Procuraduría General de la Nación analiza el expediente y persisten dudas sobre la legalidad del procedimiento. Si existían señalamientos, ¿por qué no fueron atendidos antes y qué motivó al Ejecutivo a actuar justo cuando vence el plazo?
El caso también pone en juego la certeza jurídica y las inversiones en telecomunicaciones. Una eventual decisión contra la adjudicación podría generar consecuencias legales y económicas.
La interrogante central es si se trata de una revisión técnica pendiente o de una decisión política tomada al límite del plazo.
