El Gobierno de Guatemala y la OIT impulsan un nuevo proyecto de US$1.6 millones (Q12.5 millones) para diseñar mecanismos de consulta indígena bajo el Convenio 169, pero el proceso genera cuestionamientos porque deja fuera al sector privado, pese a que las decisiones podrían afectar directamente inversiones, minería, energía y recursos naturales.
El convenio identifica a la Gremial de Recursos Naturales, Minas y Canteras (GRENAT) como actor involucrado; sin embargo, la organización afirmó que desconoce el acuerdo y no ha sido convocada formalmente. La contradicción pone en duda la verdadera representatividad del proceso.
Aunque el proyecto no establece expresamente un nuevo reglamento, contempla crear protocolos, procedimientos, estrategias y mecanismos de monitoreo que podrían sentar las bases de una futura regulación nacional.
La pregunta de fondo es ¿cómo puede construirse certeza jurídica para todos si uno de los sectores directamente afectados no participa en el diseño de las reglas?
 para diseñar ...){kind=link}