El caso de Erwin Sperisen ha vuelto a poner bajo escrutinio al sistema judicial suizo tras revelarse que dos jueces del Tribunal Federal mantuvieron una relación sentimental considerada incompatible con sus funciones. La defensa del exjefe policial guatemalteco exige acceso a un informe confidencial que analiza esa situación y que podría afectar la validez de resoluciones en las que participó una de las magistradas.
La controversia no se limita al expediente de Sperisen. Actualmente existen doce solicitudes de revisión vinculadas a este escándalo, lo que ha alimentado sospechas sobre posibles conflictos de interés, favoritismos y falta de transparencia dentro de la máxima instancia judicial suiza. Los abogados denuncian que el Tribunal Federal mantiene bajo reserva un informe clave pese a que podría influir directamente en los procesos abiertos.
El caso adquiere mayor relevancia porque el Tribunal Europeo de Derechos Humanos determinó en 2023 que Sperisen no fue juzgado por un tribunal plenamente imparcial, obligando a reabrir aspectos de su proceso.
Mientras tanto, la posible reelección de los dos jueces involucrados quedó en suspenso. La Comisión Judicial del Parlamento suizo decidió aplazar cualquier recomendación hasta conocer el desenlace de las investigaciones y de las doce solicitudes de revisión presentadas.
Para los críticos, el escándalo plantea una pregunta incómoda: si la justicia suiza exige transparencia y rendición de cuentas a los ciudadanos, ¿por qué mantiene en secreto un informe que podría revelar irregularidades en la actuación de sus propios magistrados? El debate ha llevado a algunos observadores a comparar el caso con los cuestionamientos sobre independencia judicial, protección corporativa e impunidad que con frecuencia se denuncian en países como Guatemala
