El Tribunal Supremo Electoral (TSE) presentó el Sistema de Información Preliminar (SIP 245) como la herramienta que sustituirá al sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP) utilizado en las elecciones de 2023. El nombre del nuevo mecanismo hace referencia al artículo 245 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP), que obliga al órgano electoral a divulgar resultados preliminares tras el cierre de las votaciones.
Aunque el TSE lo presenta como una evolución tecnológica para los comicios de 2027, persisten fuertes cuestionamientos sobre vulnerabilidades operativas, la transparencia del software y la capacidad real de garantizar la integridad de los datos. Esta vulnerabilidad abre la puerta a un posible fraude electoral en 2027.
Uno de los principales señalamientos es que el SIP 245 mantiene un punto crítico que ya existía en el TREP. Tras concluir el escrutinio en cada mesa electoral, las actas físicas deberán ser trasladadas desde las Juntas Receptoras de Votos hacia quioscos de digitalización, donde serán escaneadas y registradas en el sistema. Este procedimiento implica que el documento original continúe siendo movilizado fuera de la mesa de votación antes de su procesamiento digital. Según críticos, ello conserva riesgos relacionados con la custodia, la manipulación o posibles errores durante el traslado. La dependencia de un documento físico que debe pasar por varias etapas antes de convertirse en un dato digital disponible para consulta pública no desaparece con el cambio de nombre del sistema y constituye una falla estructural que facilita alteraciones indebidas.
Aunque el TSE sostiene que el nuevo modelo incorpora mejoras tecnológicas y mayor control institucional, especialistas y observadores consideran que la modificación no elimina uno de los puntos más sensibles del proceso. La vulnerabilidad no radica únicamente en la tecnología utilizada, sino en el procedimiento operativo que continúa siendo similar al aplicado en 2023. El traslado de actas sigue siendo un eslabón débil que puede ser aprovechado para alteraciones, independientemente de cuán sofisticado resulte el software de recepción. Esta debilidad operativa, combinada con insuficientes salvaguardas, abre de manera concreta la puerta a un posible fraude electoral en 2027.
Las críticas también se concentran en el desarrollo del software. El principal impulsor del SIP 245 es Quelvin Otoniel Jiménez Villalta, magistrado vocal IV del TSE para el período 2026-2032, quien ha promovido la creación de un sistema propio administrado directamente por la institución electoral. Esta circunstancia ha despertado interrogantes sobre los mecanismos de supervisión, auditoría y control que acompañarán la implementación de la plataforma. Los cuestionamientos giran en torno a la trazabilidad del sistema: la capacidad de identificar quién tiene acceso al software, qué cambios se realizan durante su desarrollo y operación, y si esos cambios pueden ser auditados de manera independiente. Diversos sectores sostienen que la confianza en cualquier sistema electoral depende no solo de su funcionamiento técnico, sino también de la existencia de controles externos que permitan verificar cada etapa del proceso.
Por ello, algunos críticos han llegado a describir el SIP 245 como un posible “Caballo de Troya” dentro del TSE. Esta expresión refleja el temor de que un sistema desarrollado internamente, sin suficientes mecanismos de fiscalización pública o auditorías independientes, pueda generar incertidumbre sobre la integridad de los resultados preliminares. El debate, por tanto, no se centra únicamente en el reemplazo del TREP, sino en la transparencia del desarrollo tecnológico, la supervisión institucional y las garantías de que el sistema podrá ser plenamente verificable durante las elecciones generales de 2027. La ausencia de controles robustos convierte estas deficiencias en una vía abierta hacia un posible fraude electoral.
A los cuestionamientos sobre el traslado de actas y la trazabilidad del software se suman preocupaciones derivadas de incidentes de ciberseguridad reportados previamente en el TSE. Diversos sectores han señalado que la institución fue objeto de vulneraciones informáticas que habrían comprometido bases de datos electorales, lo que ha incrementado las exigencias de mayores controles y auditorías independientes. Además, existen inquietudes sobre el potencial uso de herramientas de inteligencia artificial para alterar o manipular información digital. Analistas consideran indispensable que el SIP 245 cuente con mecanismos robustos de seguridad, registros de cambios auditables y supervisión externa que garanticen la integridad de los datos electorales frente a amenazas modernas de hacking y manipulación mediante IA. Sin estas medidas, la vulnerabilidad actual abre la puerta a un posible fraude electoral en 2027 de forma aún más peligrosa.
En ese contexto, críticos del SIP 245 consideran que la confianza en un sistema de transmisión de resultados no depende únicamente de su funcionamiento técnico, sino también de la existencia de auditorías independientes, registros de cambios, controles de acceso y mecanismos de trazabilidad que permitan verificar cualquier modificación realizada al software. El avance de herramientas de inteligencia artificial hace necesario reforzar las medidas de seguridad y monitoreo para prevenir alteraciones, manipulación de información o desinformación durante el proceso electoral.
A medida que se acerca el próximo proceso electoral, el desafío para el TSE será demostrar que el SIP 245 cuenta con controles robustos, auditorías independientes y mecanismos de trazabilidad suficientes para generar confianza entre partidos políticos, observadores y ciudadanos. Mientras esas dudas persistan, el nuevo sistema continuará siendo objeto de debate y escrutinio público, y el proceso electoral de 2027 seguirá ardiendo en llamas de sospecha ante el riesgo real de un posible fraude electoral.
