Apenas concluyó el accidentado proceso electoral del 2023 —un episodio que se pareció más a un circo que a un ejercicio genuino de democracia— y ya el tablero politiquero muestra signos de agitación anticipada. A 19 meses de la convocatoria oficial, el sistema ya hierve. Según Prensa Libre, hay 27 partidos vigentes, 10 comités en formación y al menos 14 grupos promotores en camino. No se trata de un despertar democrático, sino de una carrera por capturar cuotas de poder en un entorno distorsionado por la informalidad, el clientelismo y la captura institucional.
La proliferación de partidos no responde al surgimiento de ideas ni a visiones de país, sino a la urgencia de acceder al Estado mediante redes que lo desangran. El poder se reparte entre estructuras clientelares que operan desde lo municipal hasta lo legislativo, donde el cargo se vuelve un botín y la representación pública pura fachada.
No es casual que, en este contexto, el Congreso aprobara un aumento sustancial en las dietas parlamentarias —más de Q55 mil mensuales—, sin consulta ni justificación alguna. Una decisión que revela, con crudeza, el abismo entre la clase política y la ciudadanía.
Pero el deterioro no termina ahí. La infiltración del narcovoto en las elecciones ya no es una sospecha, es una certeza documentada. No solo financian campañas con dinero lavado, sino que pactan territorios, manipulan candidaturas y, cuando lo consideran necesario, hasta eliminan físicamente a sus competidores. En muchas regiones, el sufragio ya no es libre ni competitivo, sino condicionado por el miedo o comprado al mejor postor.
Por ello urge una reforma profunda y estructural de la Ley Electoral y de Partidos Políticos. El modelo actual permite la multiplicación de partidos sin arraigo ni ideología y penaliza injustamente el debate político entre elecciones. Es necesario eliminar el Listado Nacional y sustituirlo por un sistema uninominal, donde el ciudadano vote por personas con rostro, territorio y responsabilidad. Y debe derogarse la absurda prohibición de las llamadas campañas anticipadas, que solo sirve para ahogar la discusión pública y el libre intercambio de ideas y programas.
Sin embargo, nada cambiará si no se enfrenta la raíz de esta podredumbre: la impunidad. El Estado no ejerce el poder coercitivo de la ley y, por tanto, no hay certeza de castigo. Las instituciones llamadas a hacerla cumplir —el Ministerio Público, la Contraloría, el TSE, los juzgados— actúan con lentitud o por consigna. Y cuando lo hacen, el sistema está tan fraccionado que los procesos se entrampan en tecnicismos y disputas internas, hasta perder todo efecto disuasivo.
El Tribunal Supremo Electoral, que debería ser árbitro imparcial, ha sido salpicado por escándalos que no ha esclarecido. Su exdirector de informática enfrenta cargos por abuso de autoridad en la manipulación del sistema Trep, cuatro magistrados fueron ligados a fraude en la adquisición del software electoral y una magistrada ha sido señalada por medios internacionales por presunto soborno. A la fecha, hay varias investigaciones abiertas, y el TSE guarda silencio.
Entretanto, la ciudadanía asiste al espectáculo con una mezcla de resignación y escepticismo. Votar parece cada vez más un acto mecánico, desprovisto de ilusión, y los partidos, una sopa de siglas sin alma ni proyecto.
Pareciera que al votante ya no le inquieta que las elecciones del 2027 repitan, una vez más, el viejo libreto de cinismo y simulación, sin que exista un replanteamiento serio de las reglas, la representación y el sentido mismo del voto.
Al final, ya saben que solo cambiarán los nombres, no el guion.
