Miguel Uribe, candidato político, se debate entre la vida y la muerte tras ser víctima de un ataque premeditado cometido por un menor de edad. Pese a la gravedad del hecho, la Ley 1098 de 2006 en Colombia impone una pena máxima de apenas dos años para menores infractores, al priorizar su reintegración social sobre la justicia para las víctimas.
El presidente Gustavo Petro, exguerrillero y defensor de una ideología progresista-socialista, ha declarado que lo más importante es proteger al menor, sin considerar la gravedad del delito.
Esta postura recuerda la visión del presidente guatemalteco Bernardo Arévalo y su ministro de Gobernación, quienes proponen no aplicar la ley a pandilleros, sino reincorporarlos.
Un experimento similar impulsado por USAID en Villa Nueva hace 10 años fracasó: los pandilleros fueron incorporados a la sociedad, pero reincidieron, muchos con perfiles psicopáticos, incapaces de sentir culpa o empatía.
En Estados Unidos, ante tiroteos escolares, varios estados han optado por juzgar a menores de 15 o 16 años como adultos, e incluso responsabilizar a los padres. Lo que crea jurisprudencia ya que es la única forma de eliminar la violencia generada por menores de edad.
En Colombia, una vez más, la justicia parece estar del lado del agresor, no de la víctima. ¿Es justo proteger a un asesino capturado in fraganti mientras una familia clama por justicia?
