La iniciativa 6816 de Ley de Aguas, presentada como el intento número 14 en cuatro décadas, enfrenta cuestionamientos por posibles contradicciones y falta de consensos.
El proyecto contempla 215 artículos para regular el uso, administración y conservación del recurso hídrico.
Entre las principales críticas destaca la creación de una Superintendencia Nacional del Agua, cuyo directorio estaría integrado principalmente por representantes del Ejecutivo, lo que podría concentrar el control en el gobierno de turno. También se cuestiona que los 12,748 sistemas comunitarios de abastecimiento, de los cuales alrededor del 75 % es administrado por comités comunitarios, quedarían subordinados a esa estructura.
El texto plantea cobros por el uso del agua, pero sectores demandan trazabilidad de los recursos y garantías para las inversiones y derechos adquiridos. Además, advierten posibles afectaciones a la autonomía municipal.
Otro dato señalado es que Guatemala destina apenas 0.71 % del PIB a agua y saneamiento, frente al 1.5 % promedio latinoamericano.
