Tras más de 12 horas de debate, el Congreso aprobó con 123 votos la Ley General del Sistema Portuario Nacional (Decreto 20-2026). Crea la Autoridad Portuaria Nacional (APN), entidad autónoma que concentrará planificación, regulación, fiscalización y supervisión de todos los puertos.
El Directorio de la APN será integrado en gran parte por designados del Presidente y de los ministerios de Economía, Comunicaciones y Gobernación, con mecanismos de evaluación y remoción. Esto otorga al Ejecutivo discrecionalidad total para nombrar a dedo a personas afines, un riesgo que expertos advierten puede sesgar decisiones hacia intereses particulares.
La ley también fortalece el Comité Nacional de Protección Portuaria (CONAPROP), integrado por Gobernación, Defensa, SAT, Migración, PNC y Ministerio Público.
La SAT queda en una posición conflictiva: tendrá asiento en el Directorio de la APN (participando en decisiones administrativas, operativas y de inversión) y, al mismo tiempo, será la entidad que fiscaliza, cobra impuestos, audita cargas y aplica sanciones en los mismos recintos. Es juez y parte.
Se actualizan las modalidades de contratación (APP, Contratos de Administración Portuaria y otras) y se crea el Plan Nacional Integral de Desarrollo Portuario (Planport). El decreto pasa al Ejecutivo para su sanción.
