LA PRIMERA VUELTA DE 2027, Opinión de Edgar Wellmann

Guatemala no eligió solo magistrados en marzo de 2026; eligió el tipo de elección que tendrá en 2027.

Hay procesos que se parecen a lo que deben ser y hay procesos que solo se parecen a sí mismos. La elección de la magistratura del Tribunal Supremo Electoral para el período 2026-2032 pertenece a la segunda categoría. Cumplió los plazos. Siguió los procedimientos formales. Produjo diez magistrados juramentados. Y, al mismo tiempo, concentró en menos de dos meses todos los vicios que permiten que una institución electoral nazca con un déficit de legitimidad que tardará años en explicar.

Las comisiones de postulación no eliminan la política; la desplazan hacia espacios menos visibles, donde la negociación aparece revestida de evaluación profesional. Eso es lo que ocurrió entre enero y febrero de 2026. El mecanismo tenía treinta días para evaluar 181 expedientes y producir una nómina con criterios documentados. Lo que produjo fue otra cosa: el 17 de febrero, la votación para integrar la nómina de veinte candidatos de la que saldrían quienes organizarían las próximas dos elecciones generales de Guatemala duró menos de una hora.

Una comisión que cierra en cincuenta minutos una nómina que tardó treinta días en construirse no está evaluando; está ratificando. La diferencia entre ambas acciones es la diferencia entre un proceso técnico y un acuerdo político con formato de proceso técnico.

Lo que ocurrió dentro de esa hora también está documentado. La comisión aprobó por unanimidad que los señalamientos anónimos serían descartados sin una discusión pública sustantiva y que las pruebas de descargo serían aceptadas sin desarrollar criterios uniformes para su análisis. El problema no fue únicamente qué decidió la Comisión, sino que no dejó evidencia suficiente para demostrar que casos distintos habían sido valorados con reglas iguales. En 2026, la opacidad no fue una desviación del método. Fue el método.

El resultado llegó al Congreso con tres candidatos incluidos en la nómina final que figuraban entre perfiles objetados en señalamientos internacionales, entre ellos uno incorporado en la Lista Engel del Departamento de Estado de Estados Unidos. Que la nómina los incluyera ya decía algo sobre el filtro. Que quedaran fuera después de la negociación parlamentaria no absuelve el proceso; confirma que el problema había pasado de la Comisión al Congreso.

La gravedad no está en que Washington hablara. Ninguna embajada tiene autoridad moral automática para calificar la democracia guatemalteca. La gravedad está en que el proceso nacional dejó tan poca evidencia pública, uniforme y verificable de mérito que la acusación externa encontró terreno fértil. Cuando una institución no puede defender sus decisiones con expedientes claros, criterios comparables y deliberaciones transparentes, otros ocupan el vacío y construyen el relato por ella.

Lo que el Congreso hizo con esa nómina el 10 de marzo fue todavía más explícito. El hemiciclo permaneció prácticamente vacío durante horas. Las bancadas negociaban. A las siete y media de la noche hubo quórum. Los acuerdos entre bloques ya habían producido coincidencias sobre la mayoría de las designaciones. No es la descripción de una selección por méritos. Es la descripción de una distribución pactada de cargos institucionales entre fuerzas parlamentarias que no son neutrales frente al resultado de 2027.

Por eso marzo de 2026 no fue un trámite institucional. Fue la primera vuelta política de 2027.

La negociación parlamentaria tampoco fue el final del problema. Fue el momento en que una arquitectura defectuosa comenzó a materializarse en nombramientos concretos. Las instituciones no actúan en abstracto. Actúan por medio de personas, y las personas llegan al poder con trayectorias, convicciones, relaciones profesionales, redes de apoyo y compromisos previos.

Uno de los magistrados electos llegó al proceso con una trayectoria pública y vínculos documentados con organizaciones internacionales de derechos humanos y con causas territoriales y extractivas altamente polarizadas. Esos antecedentes no constituyen por sí mismos una inhabilitación ni demuestran parcialidad. Tampoco convierten la defensa de derechos humanos o de comunidades indígenas en una falta. Pero sí imponían a la Comisión una obligación elemental: esclarecer la naturaleza, vigencia y alcance de esas relaciones; determinar si podían cruzarse con actores o controversias futuras; e identificar las situaciones que eventualmente exigirían excusa o abstención.

Esa evaluación no fue pública, uniforme ni verificable.

El problema no es que un magistrado tenga ideas. Todos las tienen. La imparcialidad no consiste en carecer de convicciones, sino en demostrar que esas convicciones no sustituyen la ley ni predeterminan las decisiones institucionales. Cuando el filtro renuncia a distinguir entre afinidad ideológica, relación profesional, apoyo material y dependencia, la arquitectura deja de seleccionar independencia y comienza a administrar opacidad.

Ese mismo criterio tendría que aplicarse a todos. A las relaciones con organizaciones progresistas, pero también a los vínculos empresariales, partidarios, religiosos, gremiales, corporativos o internacionales. La independencia no puede exigirse solo a quienes piensan distinto. O es una regla universal o es apenas otra herramienta de la polarización.

Lo que este proceso revela no es corrupción en el sentido penal del término. Eso requiere investigación, prueba y sentencia, no una columna de opinión. Lo que revela es algo más preciso y más difícil de procesar: el diseño institucional guatemalteco permite que una magistratura electoral sea producida por acuerdos entre bancadas, mediante una comisión que resuelve su nómina en menos de una hora, sin criterios suficientemente documentados y con relaciones previas que no son sometidas a una evaluación pública capaz de distinguir convicción, activismo, vínculo institucional, dependencia y conflicto de interés.

Todo ello puede avanzar bajo apariencia de corrección formal. No hubo ilegalidad demostrada. Hubo un sistema funcionando exactamente como fue diseñado para funcionar cuando quienes ocupan sus puntos de decisión deciden aprovechar sus vacíos.

Esta arquitectura no fue construida en marzo de 2026. Viene de décadas de reformas aplazadas que ningún gobierno —incluido el actual— ha logrado convertir en una transformación legislativa suficiente. El Congreso no aprobó las reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos que debían estar listas antes de 2027. Guatemala llega al próximo ciclo electoral con las mismas reglas que produjeron la crisis anterior.

El problema no es que el nuevo Tribunal Supremo Electoral vaya necesariamente a manipular la elección. El problema es que fue electo de una manera que hará sospechosa cualquier decisión difícil que tome. Una inscripción rechazada, una candidatura admitida, una sanción, una cancelación, un contrato informático o una resolución sobre financiamiento será leída no solo por su contenido, sino por la memoria del mecanismo que produjo a quienes la firman.

Guatemala no tiene únicamente un problema de magistrados. Tiene un problema de arquitectura de selección. Y cuando el árbitro nace de una negociación que nadie puede defender con criterios claros, cada decisión futura llega condicionada antes de ser tomada. En 2027, el Tribunal Supremo Electoral no solo tendrá que organizar elecciones. Tendrá que demostrar que sus decisiones no están condicionadas por quienes eligieron a sus integrantes, por las organizaciones con las que estos se relacionaron ni por las causas que defendieron antes de llegar al cargo. El Tribunal Supremo Electoral podrá administrar urnas. Lo que no podrá administrar fácilmente es la memoria de cómo fue electo.

Edgar Wellmann