Registrar un dron en Estados Unidos cuesta apenas US$5 por tres años, un proceso rápido, en línea y sin burocracia. En contraste, en Guatemala la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) ha impuesto un sistema costoso y excesivamente complejo: Q1,000 por inscripción y Q1,000 por certificado de matrícula, además, se exige póliza de seguro, autenticaciones notariales y documentación técnica, incluso para equipos pequeños de uso recreativo.
Lo más preocupante es la falta de fiscalización sobre estos cobros. No hay claridad sobre el destino de los fondos ni supervisión visible por parte de la Contraloría General de Cuentas. Todo indica que la DGAC busca agenciarse de recursos mediante regulaciones sin justificación técnica ni transparencia.
Estas medidas afectan directamente a emprendedores, agricultores, cineastas y jóvenes entusiastas que usan drones como herramienta de trabajo. En lugar de fomentar el desarrollo tecnológico, la DGAC está creando barreras, dando prioridad a la recaudación dudosa sobre el beneficio público y la innovación.
