La Ley General del Sistema Portuario Nacional entra en una etapa decisiva en el Congreso tras alcanzar consensos en la mayoría de los aspectos técnicos y operativos.
El principal punto de conflicto sigue siendo la integración del directorio de la futura Autoridad Portuaria Nacional, especialmente por participación de la SAT.
Sectores políticos y cámaras empresariales cuestionan que la entidad aduanera se convierta en “juez y parte”, ya que tendría influencia en la administración y gobernanza del sistema portuario mientras conserva sus facultades de fiscalización y auditoría.
La iniciativa incorpora 28 enmiendas para garantizar la autonomía de los puertos existentes y limitar las funciones de la nueva autoridad a la protección portuaria y el cumplimiento de estándares internacionales.
