Es imperativo que se busquen alternativas que permitan al INDE recuperar los fondos adeudados sin perjudicar a los consumidores finales ni desestabilizar la situación social del país.
Las empresas eléctricas municipales de Guatemala tienen una deuda acumulada con el Instituto Nacional de Electrificación (INDE), que asciende a aproximadamente Q. 3 186 M. Esta deuda, generada por la falta de pagos por la energía eléctrica suministrada por el INDE, representa un problema de gran magnitud que no solo afecta a la institución, sino también a los usuarios de electricidad en todo el país.
El caso de Quetzaltenango es el único con un saldo acumulado desde 2009 y es especialmente grave, ya que este municipio acumula casi la mitad de la deuda total. A Quetzaltenango le siguen Puerto Barrios (Izabal), con Q. 457.5 M y un saldo acumulado desde 2022; Zacapa con Q. 335 M y con un saldo acumulado desde 2020; Jalapa con Q. 179.4 M y un saldo acumulado desde 2022; Gualán (Zacapa) con Q. 176.2 M y un saldo acumulado desde 2013, y la cabecera de Huehuetenango y Guastatoya (El Progreso) ambos con Q. 120 M. También hay empresas municipales con menos de Q. 100 M en deudas: la de Retalhuleu debe Q. 50.5 M, la de San Marcos debe Q. 13.9 M y la de Santa Eulalia (Huehuetenango) debe Q. 3.8 M.
Aunque las empresas municipales cobran a los consumidores por el servicio, esos fondos no se transfieren al INDE, generando un déficit significativo. La posibilidad de condonar esta deuda ha sido objeto de debate, pero muchos consideran que hacerlo sentaría un mal precedente y fomentaría la irresponsabilidad financiera de las municipalidades.
Desde una perspectiva legal, las empresas municipales tienen contratos firmados con el INDE para el suministro de electricidad. No cumplir con estas obligaciones contractuales no solo es una violación de la ley, sino que también puede acarrear serias consecuencias legales, como demandas o sanciones. Este incumplimiento contractual pone en riesgo la sostenibilidad financiera del INDE, que depende de estos pagos para mantener sus operaciones, infraestructura y capacidad de distribución de electricidad a nivel nacional.
Además, permitir que las municipalidades no paguen sus deudas podría establecer un precedente peligroso. Esto incentivaría una cultura de impunidad financiera, donde otras entidades públicas podrían sentirse con el derecho de no cumplir con sus obligaciones, afectando a largo plazo la estabilidad económica del país.
El INDE es una entidad pública, financiada en última instancia por los contribuyentes guatemaltecos. No transferir los fondos adeudados es, por tanto, un desperdicio de recursos públicos y un perjuicio directo para la población que depende del servicio eléctrico.
No pagar la deuda al INDE también es una irresponsabilidad desde un punto de vista ético. El INDE es una entidad pública, financiada en última instancia por los contribuyentes guatemaltecos. No transferir los fondos adeudados es, por tanto, un desperdicio de recursos públicos y un perjuicio directo para la población que depende del servicio eléctrico.
Además, si las municipalidades no pagan sus deudas, esto podría resultar en un aumento de tarifas para otros consumidores o en un deterioro de la calidad del servicio, afectando desproporcionadamente a aquellos que sí cumplen con sus pagos.
En algunos casos, los tribunales ordenaron a las municipalidades pagar las deudas acumuladas con el INDE. Ignorar estas resoluciones judiciales no solo incrementa las tensiones entre el INDE y las municipalidades, sino al deterioro de la relación institucional.
Aunque el INDE enfrenta una situación financiera crítica debido a las deudas de las municipalidades, cortar el servicio eléctrico no parece ser una solución viable desde el punto de vista social y político. Es imperativo que se busquen alternativas que permitan al INDE recuperar los fondos adeudados sin perjudicar a los consumidores finales ni desestabilizar la situación social del país. Soluciones como negociaciones directas con las municipalidades, intervenciones del gobierno central o la creación de planes de pago a largo plazo podrían ser estrategias más efectivas y menos riesgosas para abordar este problema.
No pagar la deuda al INDE no es solo una práctica incorrecta; es una acción que tiene repercusiones a largo plazo que afectan la equidad entre los usuarios de electricidad y la sostenibilidad de los servicios públicos.
La opinión de este artículo es ajena a Noticiero El Vigilante
