El bien común no puede esperar, opinión de Alfred Kaltschmitt

En el país de la debacle de carreteras, se impide la apertura de una.

En Guatemala existe una paradoja que se repite con demasiada frecuencia. Todos coincidimos en que necesitamos más carreteras, puertos modernos, aeropuertos eficientes, generación de energía e infraestructura que impulse el desarrollo. Sin embargo, cuando finalmente aparece una inversión dispuesta a asumir el riesgo, el proyecto puede quedar atrapado en una interminable cadena de recursos, amparos, apelaciones y trámites que terminan paralizándolo.

Mientras discutimos amparos, millones de horas productivas se pierden en el tráfico

El caso del Corredor de las Flores Xochi vuelve a colocar este debate sobre la mesa. Más allá de las posiciones particulares que puedan existir sobre el proyecto, la discusión de fondo debería preocupar a todos los guatemaltecos: ¿cómo puede desarrollarse un país si las obras de gran impacto social y económico pueden ser detenidas durante largos períodos, incluso años, después de haber cumplido extensos procesos administrativos y legales?

Toda democracia debe garantizar el derecho de los ciudadanos a cuestionar decisiones públicas. Los recursos legales forman parte esencial del Estado de derecho. Nadie propone eliminarlos. Pero existe una diferencia entre corregir una ilegalidad real y utilizar los mecanismos legales como instrumentos para bloquear indefinidamente proyectos que benefician a miles de personas.

La historia reciente ofrece ejemplos suficientes. La ampliación de la CA-9 Norte, ruta estratégica hacia el Atlántico, ha sufrido años de atrasos por conflictos de derechos de vía, trámites pendientes y soluciones postergadas. El puente Corozal, en Agua Caliente, refleja las dificultades que aún enfrenta esa obra estratégica.

Otro ejemplo es la autopista Escuintla–Puerto Quetzal, conexión vital hacia el Pacífico. Desde el 2022 enfrentó acciones legales contra el modelo de peaje, además de otros obstáculos administrativos que retrasaron su ejecución. Cada año perdido representa mayores costos, más congestión y menos competitividad para el país.

Pero también existen ejemplos que demuestran lo contrario. Durante décadas la autopista Palín-Escuintla operó bajo un sistema de peaje que permitió mantenimiento permanente, asistencia vial, señalización adecuada y una calidad de servicio que difícilmente ofrecían otras rutas nacionales. Es legítimo debatir las condiciones de la concesión, pero también es justo reconocer que, tras la eliminación del cobro, el Estado asumió la totalidad de las responsabilidades y rápidamente surgieron desafíos de mantenimiento que terminaron exigiendo cuantiosos recursos públicos.

La misma lección puede observarse en la Vía Alterna del Sur. Miles de conductores la utilizan diariamente, porque les permite ahorrar tiempo, combustible y desgaste. Nadie está obligado a utilizarla. Sin embargo, miles de personas la eligen porque reciben una solución eficiente a un problema real. Su éxito demuestra que los guatemaltecos valoran la infraestructura moderna cuando esta funciona y aporta beneficios tangibles.

Por ello resulta indispensable recuperar un concepto que parece haberse debilitado en muchas discusiones públicas: el bien común.

Las sociedades prosperan cuando logran equilibrar los derechos individuales con los intereses colectivos. Los recursos legales deben seguir existiendo para corregir abusos e ilegalidades, pero no pueden convertirse en mecanismos que paralicen indefinidamente proyectos que generan beneficios para cientos de miles de ciudadanos.

El debate de fondo no es si una carretera debe tener peaje o no. Tampoco si una empresa privada participa o no en la construcción de infraestructura. La verdadera discusión es si Guatemala seguirá siendo un país donde cualquier obra estratégica puede quedar detenida durante años por obstáculos administrativos y judiciales, o si finalmente aprenderemos a proteger el interés colectivo sin renunciar al Estado de derecho.

Xochi es una carretera. La VAS es una carretera. Palín-Escuintla también lo es. Pero en realidad representan algo mucho más importante: la capacidad de Guatemala para resolver problemas concretos. Mientras discutimos expedientes, recursos y amparos, millones de horas productivas se pierden en el tráfico. El bien común no se construye bloqueando soluciones. Se construye haciendo posible que las obras que benefician a la mayoría finalmente lleguen a convertirse en realidad.