El sector eléctrico presentó amparos contra el Acuerdo Ministerial 145-2026 del Ministerio de Energía y Minas, al considerar ilegítima la consulta posterior al pueblo maya ixil sobre la hidroeléctrica Palo Viejo, ubicada en San Juan Cotzal, Quiché.
Empresarios cuestionan que el Gobierno intente realizar la consulta después de haber autorizado y puesto en operación el proyecto, pese a que el Convenio 169 de la OIT exige que sea previa. La propia asesoría jurídica del MEM advirtió que la legislación no contempla consultas posteriores por decisión administrativa.
El ministro Víctor Hugo Ventura defendió la medida como una restitución de derechos, aunque admitió que no existe respaldo legal claro. La hidroeléctrica Palo Viejo, desarrollada por Enel Green Power, tuvo un costo aproximado de US$280 millones y cuenta con una capacidad instalada de 87 megavatios, siendo uno de los proyectos energéticos más importantes del país.
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