Donde no pasa nada, opinión de Edgar Wellmann

En algunos territorios de Guatemala casi no hay homicidios. Las autoridades los clasifican como zonas de bajo riesgo. El crimen organizado los usa como corredores de operación.

No son la misma cosa.

La baja violencia letal no es sinónimo de seguridad. En determinados territorios guatemaltecos es exactamente lo contrario: es la señal de que el orden criminal funciona con suficiente eficiencia para no necesitar espectacularidad. Donde el crimen no necesita matar para controlar, no mata. Y las métricas oficiales registran eso como éxito.

Los corredores estratégicos tranquilos comparten tres rasgos que los definen. Primero, presencia documentada de economías ilícitas: rutas de drogas, contrabando de cigarrillos y licor, trata de personas, tráfico de mercancías de alto valor. Segundo, tasas de homicidio oficialmente bajas o decrecientes respecto al promedio nacional. Tercero, volumen reducido de denuncias por delitos graves, pese a señales visibles de control territorial por actores no estatales.

Esa combinación no es accidental. Es el resultado de una gobernanza que ha alcanzado suficiente madurez para no requerir violencia cotidiana. El crimen organizado maduro no mata por hábito. Mata por necesidad. Cuando el control territorial está consolidado, la necesidad disminuye. La violencia visible desciende. Y el Estado interpreta ese descenso como orden restaurado.

No lo es.

Investigaciones periodísticas y análisis de seguridad han identificado, en los últimos años, la presencia de estructuras con control consolidado en zonas estratégicas del país. Los Huistas en Huehuetenango y San Marcos. Los Suñiga Morfín en corredores de la frontera norte. Los Lorenzana y los Mendoza en Zacapa, Izabal y el corredor hacia Petén. Estructuras vinculadas a carteles mexicanos con arraigo territorial que combina tráfico de drogas, contrabando, trata y una economía local que mezcla intimidación, beneficios económicos y cierto grado de legitimidad ante sectores de la población.

Lo que esos territorios tienen en común no es la ausencia de crimen. Es la presencia de un orden que regula el crimen. Quién puede circular, qué se puede mover por las rutas, quién paga y quién puede hablar. El conflicto no desaparece. Se desplaza del plano letal al plano del control silencioso.

Ese control silencioso tiene una economía local que lo sostiene.

En departamentos como Izabal, Petén, Zacapa y San Marcos han emergido economías ilegales vinculadas a las rutas que generan empleo informal, circulación de dinero y cooptación de actores locales. Transportistas, comerciantes, intermediarios y autoridades que encuentran incentivos para tolerar o participar en las redes. No por convicción. Por cálculo: los ingresos son reales, las represalias por resistir son predecibles y el Estado no ofrece una alternativa económica comparable.

El resultado es una comunidad donde aparentemente no pasa nada grave. Pocos homicidios, ausencia de balaceras, rutina cotidiana sin perturbación visible. Pero donde todos saben qué rutas no se tocan, qué temas no se mencionan y qué actividades están reservadas para quienes controlan el territorio.

Esa normalidad no es paz. Es la forma que toma la dominación cuando ha alcanzado suficiente estabilidad para no necesitar demostrarla.

El problema para la política de seguridad es doble.

Primero, los corredores tranquilos tienden a desaparecer de los mapas de riesgo oficiales. Sin homicidios que registrar, sin denuncias que acumular, sin crisis visibles que gestionar, se convierten en zonas de éxito estadístico. Los recursos se concentran donde la violencia es visible. Los corredores donde la economía ilícita opera sin disparos reciben atención residual.

Segundo, cuando el Estado interviene con lógica de operativo —decomiso, detención, despliegue visible— enfrenta una estructura que no necesita confrontar directamente. Las redes se adaptan, redistribuyen operaciones hacia zonas con menor presencia y esperan. La intervención puntual no altera el corredor. Lo desplaza temporalmente. Y cuando la presión disminuye, el corredor se reconstituye.

Atacar los insumos no desactiva el negocio. Ya lo describió el artículo anterior sobre las cárceles. Aquí opera la misma lógica territorial.

Lo que los corredores tranquilos revelan no es una anomalía del sistema de seguridad guatemalteco. Es su lógica más coherente.

Un Estado que mide el éxito en seguridad por la tasa de homicidios va a producir exactamente lo que produce: territorios donde la violencia visible desciende mientras la economía ilícita se consolida. Los actores criminales que aprenden a operar sin espectacularidad no aparecen en los indicadores que justifican intervención. Y sin intervención, el corredor madura.

La métrica no es neutral. Está diseñada para no ver lo que sostiene el sistema. Define qué se ve y qué no se ve. Y lo que no se ve no se interviene. Y lo que no se interviene, crece.

Cambiar eso requiere indicadores que incluyan economía ilícita, gobernanza local y captura institucional. Requiere medir el éxito en seguridad por el tipo de orden que prevalece en un territorio, no solo por la ausencia de muertos.

Porque hay territorios en Guatemala donde casi no pasa nada.

Y cuando el sistema los mide así, no es que no vea el problema.

Es que lo protege.

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