Vemos como ilusorio, inútil y pérdida de tiempo pedirles a los funcionarios lo más básico y fundamental: respeto a nuestros derechos como ciudadanos. Valdría decir que, si actuamos como los vándalos de los 48 cantones, no tenemos derecho a ser respetados y nos volvemos ciudadanos de segunda clase. Resulta que, si queremos lograr cambios en beneficio propio o comunitario, la ruta a seguir es a manifestar, destruyendo todo lo que haya en el camino. Sin destrucción no se logra captar la atención de los gobernantes.
Los que sí trabajamos, pagamos impuestos, contribuimos de alguna forma mejorar nuestro entorno cercano, somos ciudadanos de segunda clase pues, si pedimos algo no seremos escuchados, excepto que nos convirtamos en vándalos y destruyamos todo a nuestro paso.
¿Cuáles son nuestras peticiones? Seguridad, sobre todo. Exigimos que haya castigo para quienes violen nuestros derechos fundamentales de vida, propiedad y libertad. Resulta que eso es mucho pedirle al gobierno de turno pues está más ocupado en implementar su agenda destructiva de izquierda, que de cumplir con su mandato.
El irrespeto que tienen los actuales gobernantes hacia nosotros los ciudadanos, es monumental. Resulta que ahora son ellos los que discriminan, después que se han pasado la vida exigiendo que no se les discrimine por ninguna causa, especialmente la racial. Tengo temor que eso rebalse y resulte en un libertinaje socialmente costoso, con exigencias de todo tipo.
La victimización de la izquierda es una constante pues es una de las estrategias más utilizadas para lograr sus espurios objetivos. Hoy vimos la captura de un delincuente (hay videos y fotos que lo comprueban, publicados en los medios de comunicación), con la consecuente batalla en contra de esta captura, fundamentada en ley. Esperemos que no haya más desorden con la excusa de reivindicar al acusado y lograr su libertad.
Es más que necesario que el gobierno cumpla con su mandato, respete la ley y no otorgue privilegios, sino que, por el contrario, los quite, pues todo somos ciudadanos iguales ante la ley.
Gobierno, ¡cumpla con su mandato!
