El debate sobre el futuro de Guatemala suele formularse como pregunta sobre estabilidad: ¿habrá más violencia o menos? ¿Se consolidan las instituciones o se degradan? Son legítimas. También oscurecen la pregunta más relevante.
También oscurecen la pregunta más relevante.
La pregunta más relevante no es cuánta violencia habrá. Es qué tipo de orden va a consolidarse. Y qué tipo de orden beneficia a quién. Porque cada orden posible tiene beneficiarios concretos. Entender quiénes son cambia completamente la lectura de lo que está en juego.
El primer orden posible es el de continuidad híbrida. Es el que se produce cuando nadie toma ninguna decisión nueva. El Estado contiene crisis puntuales, muestra operativos, produce titulares de control. El crimen organizado consolida territorios y eleva gradualmente el costo de toda transacción que requiere mediación institucional.
¿Quién se beneficia de ese orden?
Los actores con posiciones consolidadas dentro del equilibrio actual. El bloque legislativo que lleva dos años bloqueando el antilavado mantiene el arreglo que le conviene sin costo adicional. Las élites que operan con una carga fiscal del 11.8% del PIB cuando podrían pagar el doble preservan ese beneficio sin fricción. Las estructuras criminales con control territorial mantienen sus rentas sin necesidad de escalar.
Nadie en ese triángulo tiene incentivos para que el orden cambie. Por eso es el más probable: no porque alguien lo haya elegido, sino porque todos sus beneficiarios tienen razones para que persista.
El segundo orden posible es el de reforma parcial. Se produce cuando la cooperación externa se dirige a nodos específicos y el ejecutivo produce resultados verificables en la cadena de persecución financiera o en la intervención penitenciaria.
¿Quién se beneficia de ese orden?
Los hogares y negocios que pagan extorsión recuperan margen económico real. El ejecutivo que produce el resultado obtiene el activo político más escaso en Guatemala. La cooperación internacional puede mostrar que sus recursos produjeron algo distinto de lo que siempre producen.
Los que pierden son exactamente los que ganan en el primero. Por eso la resistencia a la reforma parcial no es ideológica. Es económica. Y viene de actores con poder suficiente para neutralizarla si no se sostiene con continuidad.
El tercer orden posible es el de crisis de gobernabilidad. Se produce cuando una perturbación supera la capacidad de contención del Estado y abre una ventana de excepción.
¿Quién gana con ese orden?
Quien llega primero con propuesta, recursos y capacidad de ejecución. Si la coalición reformista existe antes de que la crisis ocurra, puede usar la ventana para alterar incentivos. Si no existe, la crisis es capturada por actores consolidados que la usan para concentrar poder bajo el lenguaje de la emergencia.
La historia reciente de la región no es ambigua sobre cuál llega primero con más frecuencia. Los actores con recursos consolidados no necesitan construir capacidad de respuesta. Ya la tienen.
El cuarto orden posible es el de restauración autoritaria funcional. No es un golpe de Estado. Es algo más gradual y más difícil de revertir: legalidad que subsiste subordinada a prioridades de control, justicia selectiva normalizada como eficacia, contrapesos institucionales debilitados en nombre de la seguridad.
¿Quién se beneficia de ese orden?
Los actores que necesitan un Estado fuerte para operar sin regulación real. Élites que prefieren certeza discrecional a institucionalidad predecible. Estructuras criminales que negocian mejor con un Estado centralizado que con uno con múltiples contrapesos independientes. Actores internacionales que priorizan resultados de control sobre criterios democráticos.
Este orden puede mejorar algunos indicadores de corto plazo. El precio es una degradación del régimen político que favorece a quienes tienen acceso al Estado y perjudica a quienes dependen de sus funciones protectoras.
Lo que estas cuatro posibilidades tienen en común es que ninguna es neutral. Cada una redistribuye poder, renta y protección de manera distinta. La pregunta de fondo no es técnica. Es política. No es cómo producir más seguridad en abstracto. Es qué tipo de orden, para quién, con qué costos distribuidos entre qué actores.
Esa pregunta tiene respuestas distintas según quién la formule. El hogar que paga extorsión tiene una. El bloque legislativo que bloquea el antilavado tiene otra. La cooperación internacional que financia instituciones capturadas tiene una tercera.
El orden que se consolide en los próximos dieciocho meses no será el resultado de una decisión única. Será el resultado agregado de decisiones individuales que cada actor está tomando ya, con o sin conciencia de que está eligiendo un tipo de orden.Cada orden tiene dueño.
La pregunta es si los que más lo necesitan tienen capacidad de influir sobre cuál prevalece.
AUDIO-COLUMNA
Edgar Wellmann
