Un análisis de la Secretaría de Seguridad Alimentaria (Sesán) revela que fallas en servicios de salud contribuyeron a cuatro de cada diez muertes por desnutrición aguda en niños menores de cinco años durante 2025, año en que fallecieron 75 menores.
El 43% de los casos presentó deficiencias en la atención médica recibida, mientras que el 24% reflejó falta de reconocimiento del riesgo por parte de las familias y otro 24% demora en buscar ayuda.
Tres cuartas partes de las muertes ocurrieron en centros de salud públicos, principalmente por shock séptico, choque hipovolémico y neumonía, condiciones que exigen manejo intensivo. Para 2026, la situación persiste: al 2 de mayo, nueve niños habían fallecido, el 77% en enero, concentrados en Alta Verapaz (3), Huehuetenango y Petén (2 cada uno).
Expertos, advierten que la desnutrición aguda no es solo un evento médico terminal, sino el resultado de vulnerabilidades acumuladas: pobreza, enfermedades recurrentes, falta de alimentación y ausencia de seguimiento institucional.
El problema no es la falta de recursos, sino la ausencia de voluntad política, compromiso y acciones preventivas del gobierno, reflejando un fracaso colectivo del Estado y la pasividad institucional que ha permitido que la desnutrición aumente pese a ser evitable.
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