El ejecutivo guatemalteco tiene 23 de 160 escaños en el Congreso. Esa restricción es real. También es la excusa más usada para no actuar donde sí puede hacerlo.
Hay decisiones que requieren mayoría legislativa. Reforma fiscal, cambios constitucionales, nuevas leyes. Para esas, la aritmética parlamentaria es una restricción genuina y no hay atajos legítimos.
Hay otras que no la requieren. Y ahí es exactamente donde la parálisis deja de ser restricción y se convierte en elección.
La primera decisión está en la cadena entre la inteligencia financiera y la persecución penal.
La Intendencia Especial de Verificación tiene casos documentados de lavado de activos. El Ministerio Público tiene la facultad legal de procesarlos. Lo que no existe es la conexión entre los dos. Esa conexión no requiere una ley nueva. Requiere que el ejecutivo use la presión política y técnica disponible para que al menos un caso de alto perfil llegue a imputación formal con visibilidad pública suficiente.
El mecanismo no es complicado. Un caso procesado con contundencia no resuelve el sistema. Cambia el cálculo de todos los actores que observan lo que le ocurre al primero que es procesado. El sistema criminal no es invulnerable a la señalización. Es muy sensible a ella. Si el costo de lavar activos en Guatemala sube de manera verificable, el comportamiento del sistema financiero ilícito cambia sin necesidad de haber procesado todos los casos.
Lo que hace difícil esta decisión no es técnico. Es que procesarlo implica confrontar actores con poder de bloqueo que hoy están cómodos con la inacción del MP. Esa confrontación tiene costo. Pero ese costo no depende del Congreso. Depende de la disposición del ejecutivo a sostenerla.
La segunda decisión está en el sistema penitenciario.
Como describió el artículo anterior, las cárceles guatemaltecas no son espacios de custodia fallida. Son plataformas operativas de un negocio que se autofinancia. Interrumpir ese negocio no necesita reforma general del sistema penitenciario, que necesitaría presupuesto legislativo aprobado y años de implementación. Requiere una intervención quirúrgica en los dos o tres centros de mayor riesgo operativo.
Esa intervención tiene tres componentes que el ejecutivo puede activar sin mayoría legislativa: nueva dirección en esos centros con mandato explícito y respaldo político, supervisión externa verificable que no dependa de la cadena de mando interna, y aislamiento sostenido de los nodos de comunicación que sostienen la operación extorsiva desde adentro. No un decomiso puntual de teléfonos. Un protocolo de interrupción que se mantenga más allá del primer ciclo de resistencia.
La resistencia llegará. Una economía que lleva décadas construyendo su estabilidad no va a recibir una intervención en su infraestructura sin respuesta. Eso no es argumento para no intervenir. Es el argumento para intervenir con continuidad, no con operativos de una semana que el sistema ya sabe cómo absorber.
La tercera decisión está en cómo se usa la cooperación internacional.
Washington está dispuesto a destinar recursos a seguridad en Guatemala. El problema no es la cantidad. Es la dirección. Cuando esos recursos se destinan a capacitación general de instituciones capturadas, el resultado es predecible: más capacidad al servicio de los mismos fines. Cuando se dirigen a nodos específicos donde el sistema es vulnerable, el resultado es distinto.
El ejecutivo tiene agencia en esa negociación. Puede plantear con precisión técnica cuáles son los nodos donde la cooperación produce efecto real: la cadena IVE-MP y la intervención penitenciaria focalizada. Eso requiere capacidad de negociación bilateral y disposición a decir que no a recursos que llegan con condiciones que no sirven. Dos cosas que no requieren aprobación del Congreso.
Las tres decisiones comparten una condición que las hace funcionar o fracasar: la simultaneidad.
Activar la cadena IVE-MP sin intervenir en las cárceles produce un caso visible que el sistema absorbe. Intervenir en las cárceles sin visibilidad del costo del bloqueo legislativo no altera los incentivos de los actores que controlan las instituciones centrales. Redirigir la cooperación sin activar los otros dos nodos produce mejoras tácticas que no cambian el equilibrio de fondo.
Las tres juntas, sostenidas con coherencia, empiezan a mover algo que ninguna mueve sola.
Lo que tienen en común estas tres decisiones es algo más importante que su viabilidad técnica.
Ninguna requiere que el Congreso apruebe nada. Las tres están dentro del margen ejecutivo hoy. Lo que requieren es distinto y más difícil: voluntad de absorber la resistencia que cada una va a generar, desde actores con poder real que hoy calculan que el costo de la inacción del ejecutivo es manejable.
Ese cálculo puede cambiar. Pero solo cambia cuando el ejecutivo demuestra que está dispuesto a actuar donde puede actuar, aunque el Congreso no lo acompañe.
La mayoría legislativa es una restricción real para muchas cosas.No para estas tres
AUDIO-COLUMNA
Edgar Wellman
