El contralor general de Panamá, Anel Flores, aseguró este lunes que la auditoría iniciada en enero pasado a la filial de la hongkonesa CK Hutchison que opera dos puertos en torno al Canal ha arrojado una serie de incumplimientos del contrato, una deuda millonaria con el Estado e irregularidades en la renovación automática de la concesión.
Más de 300 millones (de dólares) que nos adeudan por incumplimientos en el contrato, afirmó Flores en referencia a la empresa Panama Ports Company (PPC), que opera los puertos de Balboa y Cristóbal, situados a la entrada del Canal en el Pacífico y el Atlántico, respectivamente.
Una modificación en las condiciones de la concesión realizada en 2002, durante el gobierno de Mireya Moscoso (1999-2004).
Esos cambios, que entre otros eliminaron un canon de 22 millones de dólares anuales al fisco, dejaron como único ingreso al Estado un cargo por ingreso de contenedores e incluyeron una serie de exenciones fiscales, permitieron que en dos décadas el fisco dejara de percibir “unos 1.200 millones de dólares, a razón de 55 millones de dólares por año”.
La Contraloría presentará próximamente la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público (MP, Fiscalía) “para que se investigue penalmente a los directores que manejaron esa renovación.
