Los ataques cibernéticos en Guatemala se han intensificado drásticamente: el Cyber Insights Report 2025 de Mastercard reportó un incremento del 200% respecto al año anterior, posicionando al país entre los 10 más expuestos de Latinoamérica desde el inicio del gobierno de Bernardo Arévalo.
Los más frecuentes son malware y ransomware (58%), seguidos de DoS (9.9%) y phishing (6.9%). El Global Cybersecurity Index 2024 ubica a Guatemala con apenas 39.99 puntos —uno de los más bajos de la región— frente a 75.07 de Costa Rica, con graves deficiencias en los ejes técnico (3.7) y legal (6.9).
Recientes hackeos a portales estatales —Digecam, Tu Empleo, Laboratorios de ministerio de Salud, Usac, Universidad Landivar, SAT y Renap— expusieron más de 200,000 registros y 40 GB de datos sensibles, atribuidos a actores como “Gordon Freeman”.
Con estas bases de datos ya en venta en el mercado negro, los ciudadanos peligran al convertirse en objetos de extorsiones cada vez más precisas y creíbles.
Expertos señalan tres carencias críticas: ausencia de ley de ciberseguridad en el Congreso desde hace dos años.
La vulnerabilidad de las instituciones gubernamentales se ha agravado en 200% en este gobierno.
Desconfianza en inversión extranjera, Estados Unidos está intensificando los requisitos de ciberseguridad para empresas que operan con entidades estadounidenses en Guatemala.
