El presidente Bernardo Arévalo cuestionó el amparo provisional otorgado por la Corte de Constitucionalidad (CC), que ordena rehacer la calificación de aspirantes a fiscal general y conformar una nueva nómina de seis candidatos para dirigir el Ministerio Público. La resolución, emitida el 23 de abril de 2026, anuló la lista enviada al Ejecutivo, provocando una nueva fase de tensión institucional en un proceso clave para el país.
Arévalo manifestó molestia e inconformidad con la decisión, interpretándola como una reacción de sectores que buscan frenar cambios. Su postura también refleja preocupación porque el fallo abre la puerta a la reconsideración de candidatos que no necesariamente coinciden con su visión política progresista. Ya que ha demostrado su preocupación de dejar libres a Luis Pacheco y Héctor Chaclan acusados de los bloqueos de noviembre 2023 que paralizo el país por un mes.
Aun así, instó a los comisionados a no ceder ante presiones externas lo que demuestra su injerencia al atentar el balance Constitucional.
Por su parte, la CC defendió que el amparo busca garantizar el cumplimiento de la Constitución, especialmente en la verificación de la experiencia profesional, señalando inconsistencias en la evaluación previa. El fallo permite reconsiderar perfiles excluidos, incluida la actual fiscal María Consuelo Porras, y de Marco Antonio Villeda, juez de Extinción de Dominio y Penal.
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