El Triángulo Norte no tiene estrategias distintas. Tiene decisiones distintas.
¿Es realmente diferente el problema de seguridad en Guatemala, El Salvador y Honduras, o son diferentes las decisiones que cada uno ha tomado frente al mismo problema? La distinción importa porque, si el problema es diferente, cada país necesita su propia solución. Pero si el problema es el mismo y los resultados son distintos, entonces la diferencia no está en la naturaleza del desafío sino en la calidad de la respuesta. Esa segunda lectura es, con los datos disponibles, la más honesta. También es la más incómoda para Guatemala.
El Triángulo Norte comparte una arquitectura criminal notablemente uniforme: presencia consolidada de MS-13 y Barrio 18, economías informales que superan el 50% del PIB en los tres casos, tasas de impunidad por encima del 90% y sistemas penitenciarios que funcionan como centros de coordinación criminal. No son tres problemas distintos con características superficialmente similares. Son tres expresiones territoriales del mismo fenómeno, con las mismas organizaciones y el mismo modelo de negocio basado en extorsión.
Conviene entender, además, la dimensión geopolítica que subyace a todo esto. El Triángulo Norte no es solo un problema de seguridad regional: es un corredor estratégico del narcotráfico hemisférico. Entre el 70% y el 80% de la cocaína que llega a Estados Unidos transita por Centroamérica, y una proporción significativa de esa ruta pasa por territorios bajo control de las mismas organizaciones que extorsionan comercios en la zona 6 de Ciudad de Guatemala. Lo que ocurre aquí no es un fenómeno de violencia local: es una de las principales rutas del narcotráfico hacia el norte, financiada en parte por el mismo Impuesto Criminal Territorial que pagan cada semana miles de pequeños empresarios centroamericanos.
Esto tiene una consecuencia que el análisis regional frecuentemente subestima. La presión de Estados Unidos sobre la región en materia de seguridad no es altruismo ni diplomacia abstracta. Es interés estratégico concreto: la droga llega a sus ciudades, la violencia se exporta con los migrantes y las caravanas que cruzan su frontera sur son, en gran medida, ciudadanos que huyen del impuesto criminal que sus gobiernos no han podido eliminar. Esa presión, bien utilizada, puede ser un recurso. Mal gestionada, puede convertirse en otra forma de dependencia.
Entre 2020 y 2026, los tres países adoptaron estrategias radicalmente distintas sin haberlo planeado como experimento comparativo. El Salvador optó en marzo de 2022 por un régimen de excepción prolongado: 48 meses de vigencia continua, más de 80,000 capturas y reducción de la tasa de homicidios de 52 a 2.4 por cada 100,000 habitantes. Una reducción del 95% sin precedente documentado en la región.
Guatemala, en cambio, utilizó un estado de sitio quirúrgico de 30 a 45 días, focalizado y constitucionalmente supervisado, con resultados operativos reales pero temporalmente acotados: reducción del 18.6% en homicidios, 19.8% en extorsiones denunciadas y 86% en motines penitenciarios durante la vigencia.
Honduras, por su parte, persistió con intervenciones fragmentadas sin declaratoria nacional de excepción. El resultado es conocido: tasa de homicidios que ronda entre 34 y 38 por cada 100,000 habitantes sin tendencia estructural de reducción, y un costo del crimen estimado entre el 7% y el 10% del PIB sin variación significativa en cinco años. Honduras no tomó una decisión estratégica. Tomó la decisión de no decidir. Y esa también es una decisión, con sus propias consecuencias.
La comparación produce una incomodidad que conviene nombrar directamente. Los tres países tenían el mismo punto de partida institucional: debilidad estatal comparable, mismas organizaciones criminales, misma dependencia penitenciaria del crimen. Las diferencias de resultado no son atribuibles a diferencias de capacidad estructural. Son atribuibles a diferencias de decisión política.
El caso salvadoreño demuestra que la reducción estructural del impuesto criminal es posible. El ahorro estimado por interrupción de extorsión asciende a entre USD 1,300 y 1,700 millones anuales, superior al incremento del gasto público en seguridad. Pero ese resultado se obtuvo al precio de una suspensión prolongada del habeas corpus y detenciones masivas sin orden judicial. No nos engañemos: el modelo salvadoreño no ofrece seguridad gratis. Ofrece seguridad a cambio de garantías constitucionales que una democracia normalmente no debería poder negociar.
Ante esta coyuntura, la República de Weimar ofrece una advertencia que todavía no hemos terminado de aprender: cuando un Estado democrático normaliza el uso de instrumentos de excepción como respuesta habitual a sus crisis, no fortalece su capacidad institucional. La erosiona. Cada vez que la excepción resuelve lo que la normalidad no pudo, la normalidad se debilita un poco más. El Triángulo Norte no está en riesgo de repetir Weimar, pero la lógica del ciclo —crisis, excepción, alivio, olvido, nueva crisis— es reconocible en los tres países.
Guatemala ocupa, con su estado de sitio temporal, una posición intermedia que tiene virtudes e inconvenientes simultáneos. Preservó garantías que El Salvador sacrificó y actuó dentro del marco constitucional. Pero sus resultados son más frágiles. La pregunta no es si Guatemala prefiere el modelo salvadoreño o el hondureño. La pregunta es si puede obtener resultados sostenibles dentro de los límites que eligió respetar. La respuesta, basada en evidencia comparada, es que sí puede. Pero solo si traduce la coordinación extraordinaria del Estado de Sitio en capacidades institucionales permanentes que funcionen sin necesidad de decretos. El Triángulo Norte no tiene tres problemas distintos. Tiene un solo problema con tres respuestas distintas. Y la diferencia de resultados entre esas respuestas no es técnica sino política. Guatemala conoce el costo de no decidir —Honduras lo muestra cada año en su tasa de homicidios— y conoce el precio de decidir con demasiada intensidad —El Salvador lo documenta en sus cárceles. Lo que no conoce todavía es si tiene la voluntad institucional para encontrar su propio camino entre esos dos extremos, antes de que Washington, el narcotráfico o la siguiente crisis penitenciaria decidan por ella.
Tres Países, Un Solo Problema, Opinión de Edgar Wellman
