El uso obligatorio de limitadores de velocidad en el transporte pesado y colectivo en Guatemala, vigente desde el 2 de marzo, enfrenta amplio incumplimiento, en medio de críticas por la débil aplicación de sanciones pese al aumento de accidentes viales.
Representantes de usuarios denuncian resistencia del sector transportista, que —según afirman— presiona para retrasar la medida, dejando a los pasajeros en situación de vulnerabilidad. Estiman que entre el 70% y el 80% de los dueños de unidades se opone a implementar estos dispositivos.
La Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) advierte que controlar la velocidad es clave para reducir la alta mortalidad en hechos de tránsito, aunque reconoce que la problemática es más compleja e incluye factores como el estado de las unidades, la capacitación de pilotos y la fiscalización estatal.
Por su parte, la Dirección General de Transportes asegura que la normativa sigue vigente y que se realizan operativos, aunque hasta ahora solo se han impuesto pocas sanciones. Organizaciones civiles también señalan la urgencia de retomar el seguro obligatorio para víctimas, como parte de una respuesta integral a la crisis vial.
