Hasta junio de 2025, 14 empresas eléctricas municipales acumulan una deuda de Q3,399 millones con el Instituto Nacional de Electrificación (INDE), afectando gravemente su capacidad de inversión y operación.
El caso más crítico es el de Quetzaltenango, con Q1,689 millones adeudados, seguido por Zacapa, Gualán y Guastatoya. La mayoría de estas comunas pagan menos de lo que consumen o han dejado de pagar por completo, generando una crisis financiera para el INDE.
Las causas incluyen desacuerdos con las tarifas, manejo inadecuado de recursos, falta de fiscalización y escaso conocimiento técnico en las empresas municipales. Aunque los usuarios sí pagan por el servicio, en muchos casos el dinero no se transfiere al INDE, sino que se queda en manos de las municipalidades, sin controles ni transparencia. Esto ha generado sospechas sobre el uso indebido de fondos, como colocarlos en bancos para generar intereses.
Las consecuencias son severas: se limita la electrificación en zonas sin cobertura, se pone en riesgo el subsidio de tarifa social que beneficia a cientos de miles de hogares, y se debilita financieramente al INDE.
En 2024, el Congreso dictaminó favorablemente una ley para condonar la deuda a 11 municipalidades. Sin embargo, sin reformas que garanticen control, pago puntual y rendición de cuentas, esta medida podría incentivar la impunidad financiera y agravar el problema a futuro. La solución debe incluir sanciones, auditorías y fortalecimiento institucional, no solo perdón.
