La iniciativa del bloque oficialista para agilizar la ejecución presupuestaria ha sido calificada por diversos sectores como un riesgo para la transparencia y el buen uso del dinero público.
Aunque el Gobierno argumenta que se busca acelerar la inversión en salud, educación e infraestructura, el proyecto abre la puerta a un manejo discrecional y sin control efectivo de los recursos.
La propuesta permite autorizar contratos de hasta Q2 millones sin visto bueno superior, ampliar las compras directas y crear un nuevo fondo (Foinves), todo a cinco meses de terminar el año fiscal. Para analistas económicos y representantes del sector privado, estas medidas representan un peligroso debilitamiento de los controles institucionales.
El Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif) advierte que los recursos dirigidos a los Consejos Departamentales de Desarrollo (Codedes) —que manejarían el 17% del presupuesto nacional— no responden a una planificación clara y carecen de mecanismos reales de fiscalización, lo cual los convierte en un “superministerio” sin control.
La Fundación 2020 y Asíes señalaron que este tipo de reformas puede convertirse en un cheque en blanco al clientelismo político, con recursos distribuidos por afinidades partidarias y sin garantizar la calidad ni utilidad de las obras. En años anteriores ya se ha evidenciado el uso de contratos anticipados para proyectos inconclusos o inexistentes.
En síntesis, más que una herramienta para el desarrollo, el proyecto oficialista corre el riesgo de convertirse en una plataforma para el uso político del presupuesto, debilitando aún más la institucionalidad y la rendición de cuentas. Agilizar no puede significar abandonar los controles, ni entregar fondos públicos sin garantías claras de transparencia.
