En junio 2021, el presidente de El Salvador anunció que la moneda digital sería divisa oficial en su país junto al dólar. Fue durante la conferencia mundial del bitcoin de Miami, un macroevento con conciertos, luchadores de sumo, ponencias al estilo telepredicador y lemas como “muerte al dólar” o “todos contra la Reserva Federal”.
Ha comparado al presidente salvadoreño Nayib Bukele con John F. Kennedy y al país con el reino de Camelot, la tierra prometida del bitcoin desde donde luchar contra malvados dragones con forma de impuestos y bancos centrales. El estadounidense Max Keiser, un excorredor de Bolsa y reportero cercano a la propaganda rusa, era hasta hace unos meses solo otro de los muchos personajes estrafalarios que empezaron a llegar al país centroamericano tras la decisión de su mandatario, hace dos años, de convertir a El Salvador en el primer Estado en aceptar el bitcoin como moneda legal.
Muchos de aquellos fanáticos, una mezcla de anarcocapitalistas, ciberutópicos o simples oportunistas, se han ido marchando a medida que se desinflaba la burbuja inicial: solo el 14% de los comercios del país han utilizado bitcoin alguna vez, según cifras oficiales. Pero los que siguen allí han entrado hasta el fondo. Keiser y su esposa, Stacy Herbert, del mismo perfil que su marido, son desde finales del año pasado los dos burócratas al frente de la Oficina Nacional del Bitcoin. El Salvador, uno de los países más pequeños y pobres de la región, ya tiene a los criptoevangelistas dentro del Gobierno.
Las únicas cifras que se conocen son los 200 millones de dólares de gasto inicial en la infraestructura ―cajeros y una aplicación de móvil― para lanzar la moneda digital. Tampoco se sabe la inversión exacta del país en bitcoin, más allá de los tuits del presidente. Como el propio Bukele, su pareja de confianza usa las redes sociales como influencers adolescentes. Max Keiser y Stacy Herbert suman más de 700.000 seguidores. Sus programas de Youtube y podcast son la principal fuente de información sobre la política bitcoin de El Salvador.
En el diseño de esa Atlántida de Bukele, el suministro eléctrico dependerá de la energía geotérmica de un volcán cercano. Y el dinero para montar escuelas, hospitales y el resto de los servicios vendrá de los llamados bonos volcán o bonos bitcoin: nuevos títulos de deuda pública salvadoreña respaldados por la cartera de bitcoin.
El 20% del PIB de El Salvador proviene del envío de dinero de migrantes, sobre todo en EE UU. El negoció no prosperó y Mallers, según fuentes cercanas, no ha vuelto a pisar el país.
La cotización del bitcoin se ha desplomado en el último año más de un 40%. Desde el inicio de la aventura de Bukele, las alertas del FMI han ido en aumento. El último foco ha sido la que parece una inminente emisión de los llamados bonos volcán. En un comunicado del mes pasado, el organismo internacional subrayó que “dados los riesgos legales, la fragilidad fiscal y la naturaleza en gran parte especulativa de los criptomercados, las autoridades deberían reconsiderar sus planes de ampliar la exposición del Gobierno [salvadoreño] a bitcoin, incluida la emisión de bonos tokenizados”.
