Un inspector de la Policía Nacional Civil intentó registrar el sospechoso vehículo en el que viajaba el juez Pablo Xitumul y algunos de sus familiares. El juez impidió el registro y luego denunció haber sido agredido por el inspector, quien, a su vez, denunció al juez por abuso de autoridad. Empero, el juez, como si hubiera tenido la perversa intención de anticiparse a brindar una prueba de inocencia, denunció el presunto delito que había cometido el inspector, antes de que el inspector denunciara el presunto delito que él, el juez, había cometido.
El inspector está en la cárcel, sometido a proceso penal. El Ministerio Público inició la persecución penal del juez Xitumul, y solicitó que fuera ante juzgado, es decir, que el órgano del Estado al que compete el antejuicio de los jueces autorizara o no autorizara someterlo a proceso penal. Ese órgano es la Corte Suprema de Justicia, que admitió la solicitud de antejuicio y despojó al juez de su judicatura. Que él, el juez Xitumul, hubiera denunciado la agresión antes de que el inspector denunciara el abuso de autoridad, no invalidó la denuncia del inspector.
El juez Xitumul no optó, como hubiera optado un juez honesto, moralmente glorioso, por aceptar someterse al proceso de antejuicio. Optó por oponerse; y comenzó por impugnar a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia que debían ante juzgarlo. La impugnación fracasó. Entonces acudió a la Corte de Constitucionalidad, en la que solicitó ser amparado. La solicitud no fue aceptada. También solicitó a esa corte que ordenara restituirle la judicatura. Esta solicitud tampoco fue aceptada.
¿Cree el juez Xitumul que el inspector policial que presuntamente lo agredió, que no tenía el privilegio de antejuicio, debe estar en la cárcel, como ya lo está, sometido a proceso penal; pero él mismo, que presuntamente cometió el delito de abuso de autoridad, no debe someterse a proceso de antejuicio, y ser sujeto de un posible proceso penal y de una posible sentencia condenatoria? ¿Cree que un inspector policial debe estar expuesto a la punidad, y que un juez debe estar destinado a la impunidad?
El proceso de antejuicio prosigue. También prosigue el griterío de instituciones y de pandillas políticas e ideológicas nacionales, internacionales y extranjeras ansiosas de que los jueces condenen a militares acusados de cometer delitos durante el tiempo de combate a la insurgencia armada. Ese griterío pide que los militares sean juzgados, no para demostrar la validez de la acusación, sino para simular la legalidad de la ya convenida condena. Y los jueces que dictan esa condena son admirados, reverenciados y quizá secretamente premiados. Uno de ellos fue precisamente el juez Xitumul, miembro del tribunal que condenó al militar José Efraín Ríos Montt por un delito que nunca ha sido cometido en nuestra patria: el genocidio. La Corte de Constitucionalidad invalidó la condena.
Esas instituciones y esas pandillas políticas e ideológicas insisten, con zoológica obstinación, en que el juez Xitumul no debe ser sujeto de antejuicio, y que debe ser restituida la función judicial de la cual fue despojado; pero no aluden al delito del cual es acusado, es decir, impedir que una autoridad del Organismo Ejecutivo cumpliera la función que la ley le adjudica. Por supuesto, no les importa que realmente el juez Xitumul haya delinquido. Les importa que un juez que, aunque haya sido fecundo en delinquir, condenó a militares que combatieron a la guerrilla e impidieron instaurar un régimen de servidumbre de los ciudadanos y señorío de los gobernantes, es decir, un régimen socialista, no sea ante juzgado, ni juzgado, ni penado, y recupere su judicatura.
El juez Xitumul puede argumentar, como han argumentado fiscales y jueces prófugos, que en nuestro país no hay garantía de justicia. Empero, entonces, ¿cuál fue la razón por la que no denunció esa carencia de garantía cuando fue juez? ¿O cuál es la razón de no haber desistido de ser juez en un régimen judicial que no brinda esa garantía? Es el caso, entonces, que, cuando ejerció la judicatura, el juez Xitumul nunca denunció la no garantía de justicia; pero cuando fue sometido a antejuicio, y despojado de la judicatura, denunció esa no garantía y, por ello pretendió no ser ante juzgado, ni despojado de la judicatura. Pretendió, pues, persistir en un régimen judicial del cual él mismo dijo que no garantiza administrar justicia.
Es improbable que el juez Xitumul pueda impedir que prosiga el proceso de antejuicio. Entonces, ¿huirá del país y se convertirá en prófugo, como el exjuez Miguel Ángel Gálvez? ¿Se proclamará exiliado, aunque será prófugo? No afirmo que el juez Xitumul sea culpable o inocente. Evidentemente, compete a los jueces dictaminar sobre inocencia o culpa. Opino, empero, que ese juez debe ser ante juzgado, y tengo la esperanza de que quienes deben ante juzgarlo autoricen, en el supuesto de que hay verosímil presunción de culpa, someterlo a proceso penal, como sometido a tal proceso está el inspector policial a quien el juez acusó del delito de agresión.
Post scriptum. El juez Xitumul podría intentar una decorosa vindicación si no huye y no persiste en oponerse al antejuicio, y muestra estar dispuesto a someterse a proceso penal. Sospecho, sin embargo, que la comunidad de fiscales y jueces prófugos, y aquellas instituciones y pandillas políticas e ideológicas, lo exhortan, con peligroso poder persuasivo, a ser miembro de esa delictiva comunidad.
