Home OPINION Periodistas salvadoreños condenan la censura de Nayib Bukele, por Impunity Observer

Periodistas salvadoreños condenan la censura de Nayib Bukele, por Impunity Observer

Las leyes impiden transparencia y aparentemente empoderan al gobernante de turno

Bukele es un líder personalista que exhibe tendencias autocráticas. (@NayibBukele)

Bajo el argumento de la guerra contra las pandillas, el autodenominado presidente milenial de El Salvador, Nayib Bukele, está limitando la libertad de expresión de los salvadoreños y los medios locales. Al controlar el poder ejecutivo y legislativo, el partido oficialista, Nuevas Ideas, ha reformado las leyes para controlar y efectivamente entorpecer a su oposición.

Bukele ha mantenido una estrategia de comunicación sofisticada, y a través del dinero de los contribuyentes y la instrumentalización de la justicia, él está moldeando la opinión pública —especialmente en seguridad—. Nuestro equipo investigativo del Impunity Observer comparte sus descubrimientos después de entrevistar a Saúl Hernández, director del medio Focos en El Salvador; Roxana Lazo, una experiodista y profesora en la Universidad Gerardo Barrios; Wendy Monterrosa, fundadora del medio local Voz Pública; y Angélica Cárcamo, presidenta de la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES).

Descubrimientos clave

  • En 2018, APES registró 65 agresiones a periodistas (que incluye violencia física, insultos y amenazas), la mayoría perpetradas por pandillas. En 2021, las agresiones a periodistas aumentaron a 219, cometidas mayoritariamente por el gobierno. Bukele asumió la presidencia el 1 de junio de 2019.
  • En el Índice de Libertad de Prensa de Reporteros Sin Fronteras, no se reportaron ni asesinatos ni encarcelamientos de periodistas en 2021. Sin embargo, El Salvador cayó del puesto 82 en 2021 al 112 en 2022.
  • La Policía ha reportado que el 2021 fue el año más seguro de El Salvador con 201 menos asesinatos que en 2020. Sin embargo, aunque la administración de Bukele ha promovido estos resultados como sus logros, la tasa reportada de homicidios ha ido cayendo de forma continua desde 2015, antes de la presidencia de Bukele.
  • En diciembre de 2021, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a dos funcionarios salvadoreños por acuerdos secretos con las pandillas MS-13 y Barrio 18.
  • Mientras las estadísticas oficiales muestran que los asesinatos están disminuyendo, las nuevas reformas previenen que los periodistas informen sobre la administración de seguridad, que abarcan medidas para enfrentar a las pandillas y disminuir los asesinatos.

Silenciando a los salvadoreños mediante la ley

En cinco meses entre 2021 y 2022, la administración de Bukele reformó tres leyes que afectan indirectamente a la libertad de expresión.

En diciembre de 2021, el Congreso salvadoreño —liderado por la bancada oficialista— reformó la Ley de Delitos Digitales. Los legisladores aprobaron una reforma que sanciona la difusión de información “confidencial” con sentencias de cinco a ocho años de prisión. La ley se puede referir a la información gubernamental, especialmente aquella relacionada con seguridad.

De acuerdo con Derechos Digitales, una oenegé salvadoreña que defiende la libertad de expresión, esta reforma socava el compromiso civil ya que penaliza la supervisión de actividades de funcionarios públicos. Francisco Villatoro, congresista del oficialismo que propuso la reforma, explicó que la ley busca prevenir crímenes digitales como las estafas, el robo de identidades y la pedofilia.

Hernández, Lazo y Monterrosa —los periodistas entrevistados— argumentan que conseguir acceso a información pública de entidades gubernamentales se ha vuelto más difícil desde la llegada de Bukele al poder. Ellos explican que los funcionarios pueden arbitrariamente nombrar cualquier información como confidencial. Hernández citó el ejemplo de datos durante la pandemia: “El gobierno ha categorizado como ‘confidencial’ la información sobre el plan médico y la adquisición de vacunas a causa de la COVID-19 por los próximos cinco años”.

En marzo de 2022, cuando Bukele declaró estado de excepción debido a violencia de las pandillas, el Congreso aprobó una serie de reformas al Código Penal y la Ley de Proscripción de Pandillas. El Código Penal reformado ahora permite a la policía investigar a través de operaciones virtuales encubiertas sin mencionar ningún tipo de rendición de cuentas. Los policías no necesitan una orden judicial, solamente la aprobación del Ministerio Público.

El congresista del oficialismo Walter Coto argumentó que la ley tenía que ser actualizada porque “se están usando las redes para cometer crímenes”. Pero, de acuerdo con Hernández, cuando se trata de asuntos de seguridad nacional, las reformas “previenen que los periodistas revelen la imagen completa de lo que sucede”.

En abril, el Congreso aprobó una reforma que sanciona a quien sea que “nombre, reproduzca mensajes o propaganda sobre pandillas”, incluyendo a los medios. Dicha medida es justificada en el Congreso por el oficialista Caleb Navarro: “Los medios están llenos de basura audiovisual. No podemos normalizar estas prácticas”. La congresista Marcela Pineda dice que la reforma no amenaza la libertad de expresión. Además, explica que la intención de la reforma es sancionar a los miembros de la prensa que tengan la “intención de informar que las pandillas son las que gobiernan”.

Acoso y espionaje

Serafín Valencia, miembro de APES, reveló que la policía y funcionarios del gobierno han sido agresivos contra la prensa al momento de cubrir escenas criminales. Valencia se refirió a un caso que se hizo viral cuando un policía cacheteó a un periodista cerca de un barranco. El periodista cubría la muerte de un estudiante universitario.

Asimismo, un estudio de enero de 2022 del Citizen Lab —una organización que pertenece a la Universidad de Toronto— reveló que el gobierno ha espiado a al menos 31 periodistas y cuatro activistas desde junio de 2020. La administración de Bukele ha estado utilizando el malware Pegasus para hackear sus dispositivos electrónicos.

Aunque otras organizaciones —como la Federación Internacional de Periodistas— ratificaron este descubrimiento, la fiscalía en principio se negó a hacer la respectiva investigación. De acuerdo con Cárcamo, ahora la institución busca demorar el caso. La secretaria de comunicación, Sofía Medina, negó cualquier tipo de participación de la administración de Bukele en el caso del malware Pegasus.

Los periodistas entrevistados señalaron que la presión de la administración de Bukele sobre los periodistas lleva a mayor acoso por parte de simpatizantes y troles. Con respecto a esto, Lazo confesó: “Nunca he sentido un acoso tan intenso en mi vida como el que sufrí desde 2019 como periodista. Durante mi última cobertura, tuve que abandonar el parlamento escoltada por policías después de hacer preguntas a la vicepresidenta del Congreso”. Lazo renunció a su trabajo de periodista a finales de 2021 debido al acoso del gobierno.

Bryan Avelar, un periodista salvadoreño exiliado en México, argumenta que Bukele empezó a atacar a la prensa por reportar que el decrecimiento de violencia en El Salvador se da debido a pactos bajo la mesa entre el gobierno y las pandillas, entre otras razones.

Sin embargo, la existencia de los pactos ya es de conocimiento público, aunque su contenido sigue siendo misterioso. En diciembre de 2021, por ejemplo, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso sanciones a dos funcionarios salvadoreños por llegar a acuerdos con las pandillas MS-13 y Barrio 18. Los acuerdos, supuestamente, incluyen incentivos financieros para las pandillas.

Castigando las críticas al gobierno

El 22 de agosto, la Policía Nacional arrestó a Luis Rivas (@_ElComisionado_) por presuntamente calumniar a miembros de la administración de Bukele, lo que es considerado como un crimen bajo la recién reformada Ley de Delitos Digitales. La sanción por calumniar a autoridades puede ir desde los seis meses a los tres años , pero puede aumentar a cuatro años si la víctima es el presidente.

El crimen que supuestamente cometió fue publicar un tuit cuestionando las razones por las que el hermano del presidente, Karim Bukele, gozaba de un fuerte contingente de seguridad en la playa. Karim no es un servidor público.

En su primera audiencia el 5 de septiembre, los jueces le aprobaron libertad condicional con una fianza de $10.000. El fiscal general, Rodolfo Delgado, nombrado por el Congreso en 2021, argumentó que Rivas abusó de su libertad de expresión. Delgado dijo: “No es lo mismo libertad de expresión que cometer un crimen”.

Sin embargo, de acuerdo con Monterrosa y Lazo, el caso en contra de Rivas confirma que la administración de Bukele busca intimidar a aquellos que critiquen al gobierno o revelen información sobre funcionarios públicos.

Seis otros individuos fueron encarcelados el 16 de septiembre por revelar información “confidencial” sobre funcionarios públicos en Twitter: Eric Zelaya, David Reyes, Josseline Hernández, Alex Hernández, Luis Celis y Josué Carpaño.

De acuerdo con la fiscalía, Zelaya “dio dinero a los otros individuos para calumniar a miembros de partidos políticos, políticos y figuras públicas”. Asimismo, la fiscalía denunció que este caso está relacionado con el caso de Rivas, pero sin proveer más información sobre el tema.

La política de seguridad de Bukele se centra en su comunicación

Desde que Bukele fue alcalde de San Salvador, él ha tenido una fuerte presencia en Twitter con cientos de miles de seguidores. Hoy en día, Bukele tiene 4,2 millones de seguidores. Un estudio de la Universidad de Sevilla reveló que para junio de 2019, 3.236 seguidores de Bukele —de una muestra de 5.000— eran cuentas sin tuits, sin seguidores y mayoritariamente retuits, comportamiento común entre cuentas falsas.

El estudio también encontró que la mayoría de sus tuits eran comunicación relacionada al gobierno y su versión de los hechos. El resto eran tuits humorísticos y retuits. Para Cárcamo, los tuits controversiales o humorísticos retratan a Bukele como “un showman o un rockstar”. Bukele se ha autoproclamado “el presidente más cool” y el “dictador más cool”. Él incluso ha despedido a funcionarios públicos a través de Twitter. Bukele ha usado esta red social para comunicar los resultados de su política de seguridad mediante la etiqueta #GuerraContraPandillas. Con 129 tuits mencionando esta etiqueta, esta se ha vuelto la más utilizada por Bukele desde el 2019.

Aunque Bukele es mundialmente conocido por su presencia en redes sociales, él ha recurrido a los medios tradicionales para conectar con los salvadoreños, de los cuales el 50% no tienen acceso a internet. Hernández le contó al Impunity Observer que Bukele “comunica todo lo que hace en televisión y radio a través de spots publicitarios”. El presidente transmite en vivo la inauguración de obras públicas, programas sociales y la entrega de bonos.

Bukele tiene experiencia previa en comunicación política. Antes de dedicarse a la política, por más de una década Bukele fue director de Obermet, la agencia publicitaria de su familia. Incidentalmente, el partido izquierdista Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional —que respaldó la candidatura de Bukele a la alcaldía de San Salvador en 2015— era el mayor cliente de Obermet.

Desde que Bukele asumió la presidencia, el presupuesto dirigido hacia la comunicación de presidencia aumentó exponencialmente. En 2022, el presupuesto de comunicación de la presidencia incrementó en 2,5 veces a aquella del 2021, llegando a $2.930.170.

Los costos de la “seguridad”

Una encuesta de Cid Gallup conducida después de que Bukele anunció su candidatura a la reelección reveló que él goza de 90% de aprobación en el país. Bukele decidió candidatizarse a la reelección, aunque la Constitución salvadoreña explícitamente la prohíbe.

Para Ryan Berg —director del Programa para las Américas en el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales— “Bukele es un líder altamente personalista quien muestra tendencias autocráticas”. Berg explicó al Impunity Observer que Bukele ha tomado decisiones unilaterales que podrían beneficiar a las pandillas. Estas incluyen la carcelación masiva de supuestos pandilleros sin el debido proceso y convertir al bitcóin en una moneda legal después del debate de tres horas en el Congreso.

Similarmente, un portavoz de la pandilla MS-13 develó que la pandilla había incurrido en un acuerdo con la administración de Bukele. Ellos lo hicieron público después de asesinar a 87 personas en marzo de 2022 como respuesta a una traición por parte del gobierno al pacto que habían hecho. Un líder de MS-13 dijo: “El Gobierno hizo arrestos que no debía hacer. Ellos [agentes policiales] nos llamaron a un sitio para conversar, pero en lugar de conversar ellos nos arrestaron”. Mientras tanto, la administración de Bukele continúa su narrativa con respecto a la guerra contra las pandillas. Bukele resalta que “las pandillas deben pagar por los crímenes que han cometido”.

Sobre esto, Berg dijo: “El problema con estos pactos —que suceden a través de todas las administraciones— es que empoderan a las pandillas y esencialmente las convierte en actores políticos. Al dotarlas de control sobre las tasas de homicidios y políticas de seguridad, las pandillas tienen una inmensa influencia sobre las políticas públicas”.

Impunity Observer

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here