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La honestidad dejó de ser un atributo de la política Alberto Medina Méndez

Se está naturalizando lo indebido a gran velocidad

En otras épocas, los candidatos prometían honradez. Sabían que esa
simpática idea seducía votantes. Hoy en día, muchos han optado por eliminar
de su vocabulario esa clase de valores y se esconden detrás de otras
consignas tan vacías como cínicas.

Varios estudios de opinión pública lo confirman. El perfil óptimo del candidato
ideal incluye que sea honesto, sin embargo, los protagonistas, a sabiendas
de esta demanda, prefieren disimular y hablar de otros tópicos.
La mayoría de los líderes no está en condiciones de superar la prueba ácida
que implica explicar cómo han logrado edificar su fortuna familiar, y los qué sí
pueden exhibirlo gracias a su exitosa actividad profesional o empresarial,
están limitados porque están directamente asociados a personajes de dudosa
reputación, o bien reciben ahora, o eventualmente recibirán más adelante,
fondos de orígenes bastante opacos.
En ese marco, no queda más chance para los jugadores del momento que
hacerse los distraídos y ser creativos a la hora de los discursos para de ese
modo surfear la coyuntura y mirar hacia adelante como si el presente no
existiera y el pasado se hubiera extinguido.
Eso no significa, de ninguna manera, que todos los dirigentes son
deshonestos, pero a estas alturas daría la sensación de que muy pocos
pueden pasar el filtro de esta desconfianza cívica masiva que recae sobre la
actividad política, por cierto, bastante documentada a luz de los hechos.
Hasta aquí este alegato sólo pretende hacer una descripción tan veraz como
potencialmente injusta por su generalización, pero al mismo tiempo apela a

invitar a la reflexión para revisar las profundas raíces tan ocultas detrás de
esta conducta impropia e inadmisible como comunidad.
Los votantes afirman con vehemencia que los políticos roban, que son
ladrones. Están completamente seguros de que esa presunción es exacta al
punto tal que se han resignado a que esa actitud delictiva de apropiarse de lo
ajeno sea tan habitual, tan partidariamente transversal, como socialmente
aceptable, a pesar de lo despreciable que eso resulta.
Esa lógica los ha llevado también a consolarse con la eficacia de la política,
asumiendo que “roban, pero hacen”. Después de todo, si se van a quedar
con el dinero de todos, que al menos dejen un legado visible, algo tangible
que los ciudadanos puedan disfrutar y recordar como herencia de la gestión.
Ante esto, muchos obviamente se espantan. Entienden que es indecente que
la gente avale mansamente este perverso esquema sin decir absolutamente
nada, sin denunciar judicialmente, sin al menos gritarlo a viva voz. Eso
genera una dolorosa impotencia, una frustración destructiva, bronca ante la
indiferencia, pero también una enorme culpabilidad al sentirse cómplice de lo
evidente y admitir no tener el coraje suficiente para oponerse a esta inercia
arrasadora. Algunos, en una épica simplista podrían sostener que se trata no
sólo de políticos corruptos, sino también de ciudadanos intrínsecamente
inmorales, carentes de una ética mínima que los empuje a reaccionar
activamente ante semejante despropósito cotidiano.
Los más audaces buscarán explicaciones antropológicas, otros le asignarán
responsabilidad a los primeros habitantes de este territorio o quizás culparan
a los inmigrantes que poblaron estas tierras y trajeron consigo sus
costumbres.
Tal vez no tenga demasiado sentido esa discusión. Poco se podría hacer al
respecto cualquiera fuera la conclusión. Ahora hay que definir qué hacer ante
el dilema concreto que se atraviesa en esta controversial etapa.
Claro que se deben revisar los estándares morales si se quiere salir de este
laberinto, pero no menos cierto es que resulta vital revisar la secuencia que
estimula los comportamientos aberrantes de la política tradicional que no solo
continúan, sino que se perfeccionan con una avaricia inadmisible.

Muchos de ellos, en privado, argumentan tímidamente que esa opinable
forma de actuar es el “único” camino que encontraron para financiar la
complejidad de la actividad partidaria. Para exculparse sostienen que si así
no fuera solo los ricos podrían ser candidatos y eso excluiría a los
ciudadanos “normales”. Suena complaciente y muy conveniente para los
intereses de esos interlocutores que luego no solo usan recursos para su
despliegue, sino también para engrosar su patrimonio obscenamente.
La sociedad merece un debate serio al respecto. Lo improcedente no se
convierte en correcto por arte de magia. Esta película puede terminar
institucionalmente muy mal, de hecho, hoy el prestigio de instituciones como
el parlamento o la justicia están destruidos. Nadie cree en los organismos de
control ni en las auditorías. Sienten que son todos lo mismo, parte de una
corporación que tiene acuerdos oscuros para mantenerse en el poder a
cualquier precio y que las disputas son una parodia de la realidad. El desafío
no pasa por la infantil postura de rasgarse las vestiduras, ni buscar a los
“Robin Hood” dispuestos a inmolarse para enfrentar a los poderosos. Se trata
de construir una agenda seria que permita discutir a fondo, destrabar lo
elemental como el financiamiento de la política, sincerarlo como corresponde
y dejar de lado la comodidad que otorga la hipocresía para buscar un sistema
razonable que permita recuperar la credibilidad de la política y devolverle
valores claves a la democracia.

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