Home OPINION El totalitarismo sandinista no deja espacios para las autoridades católicas, Marco Navarro.

El totalitarismo sandinista no deja espacios para las autoridades católicas, Marco Navarro.

No contento con dominar todos los poderes del Estado en Nicaragua, los gobernantes sandinistas —la pareja presidencial Ortega-Murillo— también planean subyugar a las instituciones informales del país: asociaciones privadas, organizaciones caritativas, partidos políticos, universidades, la prensa y las iglesias. Aquel plan fue brevemente interrumpido por por una masiva, pero popular revuelta en 2018. Los sandinistas aplastaron las revueltas con brutalidad policial, matando más de 300 ciudadanos y, desde allí, han acelerado sus planes para dominar totalmente la sociedad nicaragüense.

Desde 2018, la pareja presidencial ha atacado sistemáticamente y ha neutralizado de forma agresiva a líderes de la oposición, posibles candidatos políticos, líderes campesinos y estudiantiles, intelectuales disidentes, empresarios y periodistas. La pareja ha amordazado a las asociaciones privadas, acorraladas con legislación que controla toda actividad caritativa, ilegalizó los partidos políticos que no cooperaban y aplastó o expulsó del país a los últimos periodistas independientes. Dentro de estos, cientos de ciudadanos fueron secuestrados, torturados y encarcelados en base a cargos inventados de traición o corrupción. En la Nicaragua sandinista del clan Ortega-Murillo, perseguir a periodistas está permitido por la ley. El régimen ha borrado casi todos lo espacios de expresió política.

Antes de las elecciones nacionales de noviembre de 2021, que ellos robaron, la pareja presidencial secuestró a 46 ciudadanos prominentes, de los cuales todos fueron sentenciados bajo nuevas leyes que criminalizaban las críticas al régimen. En diciembre de 2021, ellos expulsaron a la misión Taiwanesa y le declararon lealtad a Beijing. Luego en febrero de 2022, los juicios de espéctaculo político montaron la persecución de oponentes activos y suspendidos, y el régimen cimentó la culpa predeterminada de aquellos acusados antes de las elecciones nacionales. Al menos uno de esos prisioneros murió en el calabozo sandinista: El Chipote en Managua.

Habiendo aplastado o silenciado a toda la disidencia civil, la Iglesia romana católica es ahora el objetivo del ataque. Durante la represiva ola de brutalidad policial en reacción a las protestas de 2018, los lobos sandinistas se enfrentaron a una resistencia valiente de los clérigos defendiendo a su grupo de forma pacífica. Los sandinistas han identificado correctamente a la Iglesia católica y su irritante infraestructura social independiente como su principal obstáculo.

El régimen cerró una docena de universidades privadas, declarándolas ilegales y forzó a algunas a que se fusionen con otras tres universidades controladas por el Estado entre diciembre de 2021 y el abril siguiente. Algunas de esas eran instituciones católicas. En marzo de 2022, el régimen expulsó al diplomático senior del Vaticano, Nuncio Waldemar Sommertag. En mayo, la dictadura cerró el canal de televisión católica dirigido por el moseñor Rolando Álvarez, obispo de Matagalpa (Matagalpa, coincidentalmente, es la cuna de las guerrillas sandinistas). En julio, Ortega-Murillo expulsó la orden de monjas fundada por Madre Teresa de Calcuta, Misioneras de Caridad. Las autoridades dejaron a 18 monjas en la frontera con Costa Rica, forzándolas a abandonar Nicaragua a pie. El régimen ha revocado el estatus legal de más de 200 organizaciones caritativas en los últimos 12 meses y ha promovido más de 190 profanaciones y ataques a templos desde 2018. Más recientemente, en agosto de 2022, Ortega-Murillo ordenó el cierre de siete estaciones radiales católicas, la detención de de varios sacerdotes y prohibió las procesiones y otras festividades religiosas.

A inicios de agosto, el obispo Álvarez fue arrestado en su domicilio en la residencia diocesana de Matagalpa. La policía antimotines armada rodeó la residencia, moniteoreada con drones. Álvarez es falsamente acusado de “usar redes sociales” para “organizar grupos violentos, incitándolos a cometer actos de odio contra la población, crear desorden y un ambiente de ansiedad y alterar la paz y armonía de la comunidad”, todo con el propósito de “desestabilizar el Estado… y atacar a las autoridades constitucionales”. Al momento de redactar el artículo, las fuerzas de la dictadura secuestraron a Álvarez después de salir de su residencia al amanecer. Su paradero es desconocido.

Aunque el régimen de Ortega-Murillo ahora llama a los clérigos católicos “diablos con sotana” y los acusa de “terroristas”, un número significantes de clérigos se volvieron militantes de la guerrilla violenta en los 1970 y 1980, desafiando la autoridad del Papa Juan Pablo II. Miguel D’Escoto fue ministro de asuntos exteriores y embajador ante Naciones Unidas; Ernesto Cardenal fue ministro de cultura; y Fernando Cardenal fue ministro de educación. Su teología de la liberación se volvió una herramienta útil para los revolucionarios. Ellos eventualmente se distanciaron del régimen —demasiado tarde en mi opinión— y se volvieron objetivos de persecución.

Edgard Parrales, un ex cura, fue el ministro de bienestar nacional y embajador sandinista frente a Taipei y frente a la Organización de Estados Americanos (OEA). Él fue recientemente condenado con cargos falsos de traición por criticar la ambición de poder de la pareja gobernante (Divulgación completa: Edgard es el primer primo de mi padre).

Los renovados ataques sandinistas a los curas y la infraestructura social de la Iglesia católica son parte de una estrategia más amplia para instaurar una rama totalitaria, simulando el modelo de Beijing. La Iglesia católica es la última institución del Estado que no está dominada por los sandinistas. Consecuentemente, los ataques contra la institución se están intesificando. La Iglesia católica de Nicaragua está en peligro, pero Roma se mantiene en silencio. Los clérigos de Nicaragua ahora se mantienen solos como el último obstáculo del clan Ortega-Murillo en su plan por controlar completamente la sociedad nicaragüense.

Marco Navarro-Génie is president of the Haultain Research Institute. He holds a doctorate in political science from the University of Calgary.

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