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Bannon es mártir del totalitarismo de Pelosi, columna de opinión de Steven Hecht

El Departamento de Justicia (DOJ) ganó una condena el viernes en contra de Steve Bannon a causa de desacato al Congreso. El DOJ, sin embargo, no acusó a Eric Holder en 2012, a pesar de una resolución penal por desacato de la Cámara de Representantes en su contra.

Los analistas que llamen a esto un doble estándar se están perdiendo un punto más profundo. Los demócratas tienen un solo estándar: todo lo que ellos hacen está bien y sus oponentes no tienen derechos.

Fidel Castro lo dijo mejor: dentro de la revolución, todo; fuera de la revolución, nada. Los demócratas no solo son hipócritas; son totalitarios. En ningún sitio es esto más evidente que en la justicia politizada de hoy. Esto transformará a nuestra República democrática en una dictadura si no se le pone un freno.

El DOJ de Holder había sido involucrado en la Operación Rápidos y Furiosos, que permitió la venta de armamento a cárteles criminales mexicanos. Algunas de las armas fueron usadas en contra de las fuerzas públicas estadounidenses y resultaron en la muerte del agente de aduanas, Brian Terry.

En contraste, Steve Bannon no estaba involucrado en los eventos del 6 de julio en el Capitolio. El comité del Congreso de enero 6 lo citó porque habría estado en el Hotel Willard el 5 de enero “en medio de un esfuerzo para persuadir a los miembros del Congreso para bloquear la certificación de la elección”, según lo reporta el New York Post.

Esta es una actividad legal que los demócratas también han realizado, como en el 2000 y 2016. El comité criminaliza cualquier acción en contra de su agenda, incluso si es legal. En este caso, el comité está tejiendo una red de evidencia fabricada, distorsionada, escogida e ignorada hacia el crimen no existente de insurrección. Sus miembros persiguen a oponentes políticos por hacer uso de sus derechos constitucionales.

Roger Stone, quien dejó la campaña de Trump en 2015, y George Papadopoulos, que no estuvo en su rol de pagos, fueron enjuiciados por mentir al Congreso. Dos funcionarios de Obama, el exdirector de Inteligencia Nacional, James Clapper, y el director de la CIA, John Brennan, mintieron al Congreso, pero no se enfrentaron a cargos.

La urgencia del DOJ en procesar a los acusados del 6 de enero ha cruzado la línea hacia la persecución. Mantener a los acusados no violentos en confinamiento solitario y negarles los derechos, incluyendo el retraso de sus juicios, no es el debido proceso.

El fiscal general, Merrick Garland, se comprometió a “identificar, investigar y aprehender” a los perpetradores del evento del 6 de enero. Él no ha respondido a las interrogaciones del Congreso sobre por qué no ha hecho lo mismo con la gente que ha sido grabada en cámara incitando a otros a que entren al Capitolio. El comité no ha investigado esto.

No investigar el 6 de enero a fondo, no procesar acciones ilegales contra los jueces de la Corte Suprema y actuar contra los padres que protegen legalmente a sus hijos del abuso y el adoctrinamiento son justicia politizada. Combinado con el pase que Garland da a los activistas en protestas violentas, que los demócratas llaman pacíficas, esto es el estándar Castro.

La presidenta de la Cámara, Nancy Pelosi, creó el comité del Congreso de enero 6 para promover el discurso de insurrección como parte del asalto demócrata a nuestra República democrática. Ella negó al líder de las minorías, Kevin McCarthy, el tradicional rol de nombrar los miembros de su partido al comité. Pelosi escogió dos republicanos, odiadores de Trump cuya conclusión se conoce desde el comienzo.

No ha habido contrainterrogatorios de los testigos del comité ni investigaciones de evidencia que puedan llevar a otra conclusión que no sea que Trump lideró una insurrección. El comité selectivamente libera información y tiene a un exejecutivo de ABC produciendo las audiencias. Sus citaciones son meramente políticas para acosar y demonizar a sus enemigos.

El reconocido libertario civil y profesor de derecho, Alan Dershowitz, llamó a la sentencia de Bannon “enteramente en violación de la Constitución”. El profesor también dijo: “Número uno, no tenía un jurado justo. Número dos, el juez se llevó y lo alejó de su defensa”. Dershowitz predice que una corte más alta “muy probablemente” anulará la sentencia.

Volteando la verdad de manera orwelliana, Pelosi tuiteó que la sentencia de Bannon es “un paso adelante para la justicia, reafirmando que nadie está sobre la ley”. Esta no es la primera vez que Pelosi ha apoyado los juicios espectáculo.

Pelosi visitó Guatemala en 2019 y se reunió y se fotografió con dos jueces: Yassmin Barrios y Erika Aifán. La letanía de fallos ilegales de estas dos es extensa.

Aifán abiertamente privó a sus objetivos políticos de sus derechos constitucionales y los envió a prisión preventiva sin evidencia, por hasta cuatro años. Aifán fue citada por torturar al refugiado ruso, Igor Bitkov, cuyo caso la Comisión Estadounidense Helsinki expuso en una audiencia del 27 de abril de 2018.

Barrios sentenció dos exmilitares a cadena perpetua sin evidencia. Barrios negó el derecho de los acusados a contraexaminar los testigos en su contra. Ella aceptó evidencia documental ilegal en un cargo y rechazó la misma evidencia eximente en otro cargo.

Imitando su elogio del juicio espectáculo de Bannon, Pelosi dijo que las jueces guatemaltecas “resaltaban la importancia de un sistema judicial independiente en la lucha contra la impunidad y la corrupción”.

Los demócratas quieren llenar la Corte Suprema para asegurar que casos como los de Bannon no serán anulados en las apelaciones. Ellos quieren que la corte sea manejada por jueces políticos como Barrios y Aifán. Biden, los demócratas y el Departamento de Estado, que honró a Barrios y a Aifán, le hicieron esto a Guatemala, y Pelosi lo elogió.

Esta es la justicia revolucionaria de Castro: no hay reglas excepto aplicar poder para castigar al enemigo. La revolución totalitaria lo demanda.

Editor at Large Steve Hecht is a businessman, writer, and film producer, born and raised in New York. He has lived and worked in Guatemala since 1972. He holds a Bachelor of Arts in Economics and a Master of Business Administration in Banking and Finance, both from Columbia University. He has worked on development projects in Guatemala to help the country

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