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EL RUMOR DE LOS CAÍDOS
EL RUMOR DE LOS CAÍDOS
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Hace muchos años, cuando el conflicto armado interno estaba en su apogeo,
existía una oficina a la que llamaban “el archivo”. Cuentan que desde allí se
ordenaba el asesinato de los enemigos del Estado. Años más tarde, surgió “la
oficinita”, que servía para lo mismo.

A finales de los noventa, durante las negociaciones para la firma de los Acuerdos
de Paz, se vivió una escalada de secuestros, muchos de ellos realizados por los
grupos guerrilleros, para agenciarse de fondos que financiaran su incorporación al
sistema político. Otros secuestros fueron perpetrados por bandas sanguinarias
que sembraron el pánico y obligaron a la creación del Comando Antisecuestros,
una entidad que se ganó el respeto por la efectividad para liberar a las víctimas.
Bajo la dirección del venezolano Víctor Rivera, se realizó la captura de varios
integrantes de la banda “Agosto negro” y “Los Pasaco”. Hubo condenas a muerte,
pero estas fueron suspendidas y cambiadas por cadena perpetua, luego que el
gobierno de Alfonso Portillo empantanara la aplicación de la pena de muerte. La
fuga de reos de las cárceles de máxima seguridad terminó de complicar el
panorama para las fuerzas del orden.

La primera década del milenio se caracterizó por una escalada de crímenes
políticos, extorsiones de las maras y la guerra entre narcotraficantes. La
escandalosa corrupción llegó para quedarse y permeó los estratos más altos del
gobierno. Las fuerzas paralelas de seguridad hicieron su aparición como
respuesta a la escalada criminal. Pronto, estos aparatos clandestinos de limpieza
social se vieron empoderados al punto de convertirse en mercenarios. Con el paso
del tiempo, algunos fueron enjuiciados, encarcelados o asesinados. Tal vez,
hubiese sido mejor aplicar la pena de muerte de manera oficial.

Traigo esto a colación porque el rumor de los caídos nos cala hondo en estos
días. Una pareja de ex integrantes del Partido Patriota es asesinada
misteriosamente. Un comando ingresa a una cárcel de máxima seguridad para
asesinar a un reo incómodo y a todo su séquito de guardaespaldas. Un ex Ministro
de Finanzas muere abatido en un operativo, se cree que fue suicidio. Un
reconocido columnista se suicida luego de publicar una columna muy dañina para
la reputación de una Primera Dama. La lista podría continuar hasta el infinito y la
pregunta es la misma, ¿Quiénes lo hicieron y por qué?
Mientras tanto, el Ministerio Público se ahoga entre miles de expedientes sin
resolver. Cada fiscal tiene bajo su cargo cientos de casos. Las pilas de
documentos inútiles se acumulan en las esquinas. El espacio y el tiempo no
alcanzan. La mora judicial crece a diario. Los jueces siguen posponiendo

audiencias por años y los presos se amontonan en las cárceles, convertidas en
verdaderos campos de concentración.
Los guatemaltecos queremos seguridad y justicia; también queremos a los
corruptos siendo procesados y sus bienes extinguidos, pero no apoyamos la
guerra ideológica o política. La CICIG, en su empeño por perseguir crímenes del
pasado, perdió el rumbo y terminó confrontando a los grupos tradicionalmente
antagónicos de la sociedad. En ese pleito, hemos perdido la confianza en las
fuerzas de seguridad, en las instituciones, en la familia, la economía, la esperanza
de un futuro mejor. A cambio, los ganadores están siendo liberados por jueces y
magistrados vendidos. Los corruptos han conseguido medidas sustitutivas a
fuerza de dictámenes médicos fraudulentos que pagan con los millones estafados
al Estado. En tanto, cientos de inocentes se pudren tras los barrotes por no tener
dinero para comprar su libertad.

La igualdad y la certeza jurídica están ausentes de los tribunales y la situación
tiende a empeorar por la mala estrategia de rascar las viejas heridas y avivar los
rencores del pasado. Es imperativo cambiar el rumbo de la lucha contra el crimen
y la corrupción, evaluar la aplicación de la pena de muerte y legislar sobre
métodos eficaces para impartir justicia con prontitud, de lo contrario, corremos el
riesgo de volver a las prácticas del pasado y cerrar el círculo de la impunidad.

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